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Cuando pregona sus mercancías al borde de la carretera en la ciudad de Salgueiro, en el noreste del país, el vendedor ambulante Matheus Silva tiene una nueva oferta para este año electoral en Brasil.
Además de los limpiaparabrisas, las fundas para los asientos de los autos y las hamacas, en un día laboral reciente, Silva vendía toallas con los dos principales candidatos a la presidencia a 35 reales (US$ 7) cada una. A última hora de la tarde había vendido cuatro que mostraban al presidente Jair Bolsonaro y seis de su probable retador, Luiz Inácio Lula da Silva, pero, agregó, previamente había vendido más toallas de Bolsonaro en el pueblo vecino de Cabrobó.
“Es un empate”, concluyó Silva.
Después de un mandato turbulento de cuatro años en el que desestimó la gravedad del COVID-19, se enfrentó al Poder Judicial y revocó las protecciones para la Amazonía, Bolsonaro, de 67 años, va detrás del expresidente en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre. Pero las señales de apoyo incluso en lugares como Salgueiro, nada menos que en el estado natal de Lula, Pernambuco, sugieren que el presidente en ejercicio todavía tiene posibilidades.
Una gira por tres estados del sertao, o interior, del noreste de Brasil a mediados de febrero mostró que los vientos en contra más fuertes para la reelección de Bolsonaro provienen menos de sus políticas más controvertidas que de una economía débil y una inflación desenfrenada que están golpeando más fuertemente a los pobres.
Sin embargo, en lugar de que este se traduzca en un apoyo sólido para su oponente Lula, de 76 años, muchas personas estaban indecisas sobre cómo votar.
Si el presidente tiene la oportunidad de cambiar el rumbo a su favor, sería gracias a su programa de asistencia en efectivo para las familias más pobres. En particular, su principal subsidio gubernamental, el “Auxilio Brasil”, se ha vuelto crucial para su destino electoral, y el desempeño de Bolsonaro en el noreste será un indicador clave de si puede ayudarlo a obtener suficientes votos para hacerse de un segundo mandato.
“El noreste será decisivo en esta elección”, dijo Creomar de Souza, director ejecutivo de Dharma Political Risk and Strategy, una consultora con sede en Brasilia. “Es donde Lula y Bolsonaro medirán su fuerza”.
La elección de Brasil se perfila como una dura contienda entre polos opuestos en el espectro político para determinar la dirección de la economía más grande de América Latina en un momento de cambio. Los líderes de izquierda tomaron el poder el año pasado en Perú y Chile y el de Colombia tiene posibilidades de ganar, a medida que crece el malestar en la región rica en recursos por las desigualdades que quedaron expuestas y agravadas por la pandemia.
En Brasil, la división es geográfica. La región sureste, que incluye el centro financiero de São Paulo, representó cerca del 55% de la producción económica de Brasil el año pasado, según estimaciones de LCA Consultores. Eso se compara con el 13% para el noreste, y solo la escasamente poblada región norte registra una producción menor. En consecuencia, la región noreste tiene más hogares que reciben Auxilio Brasil que cualquier otra.
También es la única de las cinco regiones de Brasil que Bolsonaro no logró ganar en el 2018. Pero con alrededor del 30% de los 215 millones de habitantes del país, su equipo de campaña lo considera clave para sus posibilidades de reelección.
Eso ayuda a explicar por qué el presidente ha visitado la región más que cualquier otra en el último año, registrando 31 viajes hasta fines de marzo, incluido el más reciente, realizado el 30 de marzo.
Bolsonaro no ganará en el noreste, reconoció su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, en una entrevista con TV Globo emitida el mes pasado. “Pero tendrá una votación mucho más alta que la que tuvo en las últimas elecciones”, dijo Nogueira. “En general, creo que Lula ganará en el noreste, pero perderá en el resto del país de manera muy significativa”.
Los subsidios del Gobierno están configurados para dar forma a ese resultado. La tasa de pobreza de Brasil cayó a un mínimo histórico del 4,8% de la población en agosto del 2020 cuando el Gobierno de Bolsonaro pagó 600 reales al mes a las familias necesitadas en el punto álgido de la primera ola de la pandemia, lo que coincidió con un pico en el índice de aprobación del presidente.
Cuando las ayudas se redujeron a la mitad en octubre del 2021, los niveles de pobreza se dispararon hasta el 13%. El Gobierno ahora está pagando 400 reales a un número menor de familias. En promedio, Auxilio Brasil es el doble de lo que pagó Bolsa Familia, el equivalente del Gobierno de Lula.
Los días de pago, se forman filas alrededor de la cuadra de las sucursales bancarias a medida que las personas se alinean para recibir lo que para algunos es su única fuente de ingresos regular.
Una inflación superior al 11%, impulsada por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, está afectando el poder adquisitivo de todas las familias, pero especialmente de las más pobres. Una encuesta del instituto Datafolha publicada a fines de marzo encontró que uno de cada cuatro brasileños dijo que la cantidad de alimentos disponibles en el hogar en los últimos meses fue menor de lo que necesitaban para alimentar a la familia.
“La comida, la electricidad, el gas para cocinar, todo eso pesa mucho más en la vida de una persona que gana un salario mínimo”, dijo Tania Bacelar, socia de la consultora Ceplan con sede en la ciudad nororiental de Recife.
La Fundación Getulio Vargas, un influyente grupo de expertos, considera que alguien que gana menos de 261 reales al mes (US$56) es pobre. Según esa medida, la pobreza disminuyó constantemente durante los dos mandatos de Lula, del 2003 al 2010, y en el primer mandato de su sucesora, Dilma Rousseff. Y de eso se ha aferrado Lula durante su campaña.
“Durante el Gobierno del Partido de los Trabajadores había comida en la mesa, empleos formales y un salario valioso”, dijo Lula en un discurso televisivo el 29 de marzo. “Hoy, lo que vemos es hambre, precios altos y pobreza en las calles”.
Bolsonaro está tratando de abordar ese déficit. A mediados de marzo, dio a conocer un paquete de gasto social por 165,000 millones de reales dirigido a la clase media y pobre. También eximió a los alimentos básicos de los impuestos de importación, incluidos el café tostado, el queso, los macarrones y el azúcar. Las encuestas sugieren que su enfoque en la ayuda a los pobres lo está ayudando a roer la ventaja de Lula.
El expresidente tenía un respaldo del 45% en una encuesta de Genial Investimentos/Quaest publicada el 7 de abril, frente al 44% de marzo, mientras que el apoyo de Bolsonaro aumentó del 26% al 31%.
“Brasil está pasando por un momento difícil”, dijo el presidente en un acto público del 29 de marzo, citando el impacto de la inflación. Lo atribuyó a la pandemia y a las acciones de los gobernadores estatales al aplicar medidas restrictivas para contener la propagación del virus.
Más de 660,000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil, más que en cualquier parte del mundo, excepto Estados Unidos. Bolsonaro promovió reuniones, ridiculizó el uso de mascarillas, criticó las vacunas y apoyó curas sin base científica. Las encuestas muestran que los votantes son críticos con su manejo de la pandemia, pero también expresan comprensión por cualquier presidente que se enfrente a una crisis de tal magnitud.
“Es más probable que sufra las consecuencias de una pérdida de poder adquisitivo y un alto grado de desempleo y subempleo que los resultados de la pandemia”, dijo Graziella Testa, profesora de la Escuela de Políticas Públicas y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas en Brasilia.
Sin embargo, el sertao del noreste de Brasil, conocido durante mucho tiempo como una región empobrecida, ve signos de cambio. Mientras que antes el agua era suministrada principalmente por camiones, un proyecto de riego masivo para desplegar el río São Francisco ahora está dando sus frutos.
Concebido por primera vez en la década de 1870, el trabajo en los 700 kilómetros de canales comenzó en el 2007 bajo el Gobierno de Lula y se está completando bajo Bolsonaro. Una medida de su éxito es que ambos bandos están discutiendo sobre quién merece el crédito por el proyecto de infraestructura de cerca de 15,000 millones de reales que atraviesa cuatro estados y tiene el potencial de llevar agua a 12 millones de personas.
No obstante, esto le ofrece poco consuelo a José Demontie de Souza, de 61 años, quien vivió en São Paulo durante 14 años antes de regresar a Ceará. Ahora duerme en una hamaca y solo tiene luz porque se conectó a la casa de al lado. Su refrigerador está roto y le sirve de armario.
Tiene poca afinidad con Bolsonaro, pero tampoco planea votar por Lula. Los precios altísimos están provocando “la peor crisis” que ha visto. La vida, dijo, “debería ser mejor para los que ya tenemos cierta edad”.