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El régimen chavista de Venezuela acordó la ocupación por seis meses de un consorcio de oleaginosas en el centro del país e impusieron “ventas supervisadas” en Alimentos Polar, la mayor empresa agroalimentaria, y otras dos compañías.
Ello en un intento por frenar el avance de la inflación que se agravó en medio de la crisis generada por el coronavirus y que ha desatado algunas protestas en el interior del país en los últimos días
Luego de meses de haber flexibilizado los controles, el régimen de Nicolás Maduro retomó sus antiguas políticas económicas y acordó la ocupación temporal por 180 días, con posibilidad de prorrogarse, del Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), que opera en el centro del país.
Al anunciar la medida, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez dijo, en una transmisión de la televisora estatal, que con la ocupación de Coposa se busca “garantizar la producción” y asegurar que “no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo”.
Asimismo, se estableció la “venta supervisada” en Alimentos Polar, la fabricantes de embutidos Plumrose y un matadero del centro del país para garantizar que se “respeten los precios acordados” y supervisar los receptores de los productos, precisó Rodríguez.
Los anuncios de Rodríguez coincidieron con las fiscalizaciones que emprendió la estatal Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en grandes comercios y centros de distribución de productos que llevaron al ajuste de precios de algunos alimentos en una de las mayores cadenas de supermercados del país.
Las medidas se dan dos días después de que Maduro amenazara con tomar acciones severas contra los empresarios, a los que acusó de utilizar la crisis de la pandemia y la cuarentena para ejecutar una “embestida” y “dañar al país”.
En medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que ha dejado 308 contagiados y 10 fallecidos hasta la fecha, los precios de los alimentos y otros bienes han sufrido una fuerte aceleración debido en parte al salto de más del doble que ha registrado en el último mes la tasa de cambio del mercado negro, que ronda los 195,000 bolívares por dólar, y los problemas de distribución de los alimentos, generados por la escasez de combustible que han encarecidos los costos de transporte.
La inflación alcanzó en marzo 13.3% lo que llevó la tasa acumulada del primer trimestre a 124%, anunció el Banco Central de Venezuela.
Los analistas estiman que el índice de precios sufrirá en abril una aceleración más fuerte debido al repunte que han registrado los precios de numerosos alimentos, bienes y servicios.
Desde hace dos años la nación suramericana está sumergida en un proceso de hiperinflación que ha complicado la crisis económica y social.
La situación de muchas empresas, comercios y trabajadores independientes, que representan cerca de la mitad de la fuerza laboral del país, se ha agravado debido a la cuarentena que impuso el gobierno desde marzo y que paralizó la gran parte de la economía.
En un intento por compensar el impacto de la paralización económica, el gobierno de Maduro comenzó a repartir bonos a los trabajadores formales e informales por un monto equivalente a los dos dólares, que ya resultan insuficiente ante el avance de la hiperinflación.
El galopante avance de los precios, la paralización económica y la escasez de combustible se han convertido en el detonante de algunas protestas callejeras y saqueos de comercios que se han registrado en los últimos días en algunas ciudades del centro y oriente del país.
En la localidad suroriental de Upata, estado Bolívar, ocurrió el jueves una violenta protesta que dejó un fallecido y dos heridos por disparo de arma de fuego.