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Agentes de control migratorio de Estados Unidos allanaron el miércoles casi un centenar de tiendas 7-Eleven en todo el país, dijeron las autoridades, en medio de un endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno de Donald Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés), conocido como "la migra", arrestaron a 21 inmigrantes indocumentados en las redadas de las franquicias 7-Eleven en 17 estados y la capital.

"Estas medidas de hoy (miércoles) envían un mensaje fuerte a las empresas estadounidenses que contratan y emplean fuerza laboral ilegal: el ICE hará cumplir la ley, y si se descubre que alguien infringe la ley, se le hará responsable", dijo el subdirector del ICE, Thomas Homan.

En un comunicado, consideró que las empresas que contratan a trabajadores indocumentados atraen a la inmigración ilegal, un "imán" que el gobierno se propone eliminar.

"El ICE continuará sus esfuerzos para proteger los empleos para los trabajadores estadounidenses mediante la eliminación de ventajas competitivas injustas para las empresas que explotan la inmigración ilegal", apuntó.

Las redadas del miércoles fueron en 98 tiendas.

La firma 7-Eleven Inc., con sede en Texas, se eximió de responsabilidad por los criterios de contratación de quienes son dueños de sus franquicias.

"Son dueños de negocios independientes y son los únicos responsables de sus empleados", dijo la compañía, señalando que esto supone decidir a quién contratar y verificar que tengan permiso para trabajar en Estados Unidos.

"7-Eleven toma en serio el cumplimiento de las leyes de inmigración y ha rescindido los acuerdos de franquicia de quienes fueron condenados por violar estas leyes", indicó.

Desde la llegada al poder de Trump hace un año, el gobierno federal ha intensificado las detenciones y deportaciones de quienes ingresan a territorio estadounidense ilegalmente.

Trump tomó medidas drásticas contra la inmigración, una promesa de su campaña electoral, recortando la llegada ilegal y legal de personas, e impulsando la construcción de un muro en la frontera con México con el que pretende mejorar la seguridad y detener el tráfico de drogas.

A principios de esta semana, el gobierno eliminó un permiso especial de permanencia en Estados Unidos (TPS en inglés) para unos 200.000 salvadoreños, otorgándoles 18 meses para abandonar el país a menos que el Congreso indique lo contrario.