Una manifestante se acerca a un carro de la policía de Chile durante una protesta en Santiago. (AP Photo/Esteban Felix).
Una manifestante se acerca a un carro de la policía de Chile durante una protesta en Santiago. (AP Photo/Esteban Felix).

Santiago de Chile. Las Fuerzas Armadas de Chile anunciaron este sábado que decidieron levantar el toque de queda que regía desde el sábado pasado en Santiago, una ciudad que empieza a volver a la normalidad tras un estallido social sin precedentes.

“Se ha evaluado que las actuales condiciones permiten resolver que NO habrá Toque de Queda en la RM (región metropolitana) a partir de este momento”, dijo el ejército en un comunicado difundido en Twitter.

Un exiguo aumento de la tarifa del Metro de Santiago fue el catalizador de las protestas, que han derivado en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado, heredado de la dictadura.

En una semana han muerto 19 personas en violentos disturbios que dañaron seriamente la red del metro de la capital que moviliza unos 3 millones de personas a diario, y a los que siguieron enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades.

No obstante, este estallido sin precedentes en Chile, el más grave en casi 30 años desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), representa un claro desafío para su reconocido modelo económico de mercado abierto.

Ante la multiplicación de denuncias sobre la acción de los militares, que están desplegados en las calles desde el sábado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de “una misión de verificación para examinar” la situación.

De su lado, Amnistía Internacional dijo que “el mundo tiene los ojos en Chile” y anunció el envío de su “equipo regional de crisis para documentar”, junto con sus trabajadores en el país, “las graves violaciones a los derechos humanos y, posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.