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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó la noche del domingo un proyecto para un tercer retiro del 10% de las pensiones, luego de que impugnara ante la Justicia una propuesta opositora aprobada en el Congreso a la que tacha de inconstitucional.
El proyecto del Ejecutivo permite el retiro de 10% de los fondos privados de pensiones que cada trabajador acumula en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un monto máximo cercano a los US$ 6,300 y un mínimo de unos US$ 1,430. Los cotizantes que pertenezcan al 10% de más altos ingresos deberán pagar impuestos.
El proyecto del mandatario sale al paso de uno similar aprobado el viernes por el Congreso con el patrocinio de la oposición y gran respaldo de los congresistas oficialistas, pero que Piñera impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) al declararlo inconstitucional.
Según el mandatario, el proyecto del Congreso “dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, y a otros 5 millones con ahorros previsionales muy disminuidos”.
En cambio, afirma que su propuesta repondrá a los pensionados los fondos que retiren mediante el aporte del 1% adicional al ahorro de cada trabajador por parte de empleadores y otro 1% adicional que contribuirá el Estado.
Quienes no retiren los fondos, igualmente recibirán el 1% del aporte estatal como una forma de fortalecer las cotizaciones de los pensionados, explicó Piñera. La medida también favorecerá por primera vez a los pensionados de rentas vitalicias que gestionan compañías de seguros.
Adicionalmente, Piñera sostuvo que tres millones de personas que sacaron la totalidad de sus ahorros previsionales en los dos primeros retiros, recibirán un bono del Estado de casi US$ 300.
El gobierno ya había incluido el pago de impuestos a las personas de más altos ingresos en el proyecto del segundo retiro que finalmente fue aprobado por el Congreso en diciembre del 2020, en desmedro de la propuesta que había presentado la oposición, y que el TC reprobó.
Un primer retiro fue aprobado en julio.
El proyecto del gobierno, que debe ser aprobado por el Congreso, nace en medio de protestas de parte de la población que defiende este tercer retiro, al igual que los otros dos, como una tabla de salvación ante la compleja situación que enfrentan por la crisis derivada del COVID-19.