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La propuesta de la Fiscalía chilena de dictar “prisión preventiva” para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito ha desatado un agrio debate nacional y la preocupación internacional, ya que supone una medida de excepción en la región que no aplican ni siquiera los países con políticas migratorias más duras.
Una decisión que se suma a la recién aprobada “Ley Naím-Retamal”, que concede mayor libertad de acción a la Policía en el uso de las armas y reduce la asunción de responsabilidades al eludir la proporcionalidad y que, según estas organizaciones, supone un “peligroso retroceso” de Chile en el respeto a los derechos humanos.
“Preocupa que esta medida se anuncie en un contexto en que ha ido creciendo en nuestro país una narrativa que refuerza estereotipos en contra de personas migrantes y que puede dar lugar al aumento de prácticas racistas”, explicó a EFE el director de Amnistía Internacional (AI) Chile, Rodrigo Bustos.
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En su opinión, solicitar la prisión preventiva para los delitos que no conllevan pena privativa de libertad “sería una especie de pena anticipada y un instrumento de control migratorio más que una medida cautelar en función del reproche penal”.
A las críticas sobre esta controvertida recomendación de las Fiscalía, de la que según AI “no se conocen experiencias similares”, también se sumaron asociaciones de migrantes y del propio Ministerio Público.
Última palabra para los jueces
En Chile, los tres supuestos regulados por el Código Penal para solicitar la medida cautelar más gravosa que contempla la ley apuntan a la existencia de un peligro para la seguridad de la sociedad; un peligro para la seguridad de la víctima y el riesgo de fuga. Precisamente, esta última es la causal a la cual el fiscal general del Estado, Ángel Valencia, ordenó apegarse.
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Sin embargo, la última palabra la tienen los jueces de garantía, que deciden si acogen o no la solicitud de los persecutores, aunque Valencia también ordenó apelar en casos que los tribunales rechacen su petición y recalcó que “en ningún caso” se ofrecerán penas sustitutivas a los imputados extranjeros sin identidad regular.
Desde el viernes, cuando se implementó la nueva directriz, la mayoría de los jueces han acogido la solicitud de prisión preventiva o han ampliado varios días la detención de los imputados.
Este martes, la ministra de Interior, Carolina Tohá, deslizó la posibilidad de fijar por ley la instrucción del fiscal nacional para que no quede a criterio del juez o del fiscal de turno.
“Identidades falsas”, según Fiscalía
Valencia, que llegó al cargo en enero tras dos intentos frustrados por el rechazo del Senado a los candidatos propuestos por el Gobierno, acudió este lunes a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta donde defendió su polémica decisión.
“En la zona centro norte de la Región Metropolitana, entre el 35 y el 40 % de personas detenidas que ingresan al Centro de Justicia de Santiago son extranjeros. De ellos, un tercio no porta cédula de identidad”, argumentó.
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La complejidad, para la Fiscalía, se daría con los imputados que quedan en libertad con el compromiso de asistir a una oficina del Registro Civil e Identificación para que se le otorgue un número de identidad provisional. Sin embargo, según ha detectado el Ministerio Público, en muchos casos, o no se presentan a las oficinas o entregan nombres falsos, por lo que la Justicia y la Fiscalía no pueden corroborar su identidad y la investigación queda detenida.
Repercusión en las cárceles
La controvertida instrucción, implementada tras el asesinato del policía Daniel Palma la madrugada del pasado jueves, durante un control rutinario, colocó también en el radar la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles chilenas.
El viernes, el ministro Justicia, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno mejorará la coordinación con el Registro Civil para comprobar la identidad de los extranjeros, pero advirtió que la ocupación en los centros penitenciarios chilenos va en aumento.
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“El número de personas privadas de libertad ha ido en aumento sostenido, en el último año en particular, y las proyecciones son equivalentes para los meses que siguen e inicios del próximo año. Estamos habilitando nuevas plazas, pero es evidente que estamos en una situación de crecimiento de internos”, expresó Cordero.
Este lunes varios fiscales regionales también alertaron a Valencia de la poca capacidad del Registro Civil en las regiones fuera de la capital, donde hay demoras de hasta un mes para tramitar la documentación, lo que alargaría la prisión preventiva de los imputados.
Fuente: EFE
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