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ONU insta a Filipinas a detener ataques y asesinatos en campaña antidroga

Tres relatores especiales denunciaron que se ha registrado un gran número de nuevos casos que incluyen la muerte de hombres, mujeres y niños.

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Los expertos de la ONU pidieron que se lleve a los culpables ante la Justicia. (Foto: Naciones Unidas)

Los expertos de la ONU pidieron que se lleve a los culpables ante la Justicia. (Foto: Naciones Unidas)

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Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron hoy al Gobierno de Filipinas a llevar a cabo investigaciones "rápidas e imparciales" sobre el alto número de asesinatos que se han producido en el país en el contexto de la campaña antidroga del presidente Rodrigo Duterte.

En un comunicado, los expertos pidieron que se lleve a los culpables ante la Justicia y se revise a fondo la política actual en esta materia para evitar la consumación de futuros ataques.

Tres relatores especiales denunciaron que se ha registrado un gran número de nuevos casos que incluyen la muerte de hombres, mujeres y niños.

"Parece que muchos de los asesinatos son cometidos por las fuerzas del orden y por asaltantes desconocidos. Esto parece indicar un clima de impunidad oficial e institucional que solo puede alentar más homicidios y un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad o de aquellos que actúan en su nombre o con su consentimiento", señalaron los expertos.

"Filipinas está obligado a proteger a su población y su gobierno tiene la obligación de implementar medidas para proteger el derecho a la vida. No hacerlo, es una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", advirtieron.

Los expertos también mostraron su preocupación ante la falta de cifras exactas acerca del número de fallecidos, debido a los cambios en la terminología y los conflictos en los informes oficiales, y sobre el número de investigaciones en curso.

"Los estados están obligados a llevar a cabo investigaciones efectivas", manifestaron los expertos, que añadieron que para ello necesitan ser "imparciales e independientes", y deben ir dirigidas a responsabilizar a los culpables, además de involucrar a los familiares.

Abogados, defensores de derechos humanos y jueces trabajando en estos casos han sido acosados y amenazados, según los relatores.

"Es esencial que los jueces y el poder judicial sean imparciales e independientes de toda presión externa, de tal manera que los que acuden ante ellos puedan tener la seguridad de que sus casos se decidirán de forma justa y de acuerdo con la ley", concluyeron.

Los expertos firmantes del comunicado son la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; el relator para la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el relator especial para la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán.

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