La empresa brasileña cuestiona la validez del  contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados firmado el 29 de abril del 2016 (Foto: Andina).
La empresa brasileña cuestiona la validez del contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados firmado el 29 de abril del 2016 (Foto: Andina).

La empresa brasileña , implicada en una red millonaria de sobornos, restituirá a Guatemala los US$ 17.9 millones pagados en sobornos por la ampliación y reparación de una carretera que ahora está abandonada.

El acuerdo, rubricado el 6 de setiembre pasado en Brasil entre la constructora y el Ministerio Público (MP-Fiscalía), fue dado a conocer hoy por la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.

En esta "primera fase" de la investigación realizada en el país centroamericano, que aún "da para más", están implicados el excandidato a la Presidencia en dos ocasiones y empresario Manuel Baldizón, detenido en Miami, y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, supuesto cerebro de la trama, detalló Aldana.

Fue éste último, funcionario durante el Gobierno de Otto Pérez Molina -en prisión preventiva por varios casos de corrupción- el que "gestionó y concretó con los directivos de Odebrecht" el pago de US$ 17.9 millones, utilizando como vía al Ministerio de Comunicaciones, agregó la fiscal.

Los abonos, que se realizaron a través de testaferros, empresas y cuentas en varios países, como Panamá, China o Antigua y Barbuda, se repartían de la siguiente forma: 11.6 millones para Sinibaldi, 5 para Carlos Arturo Batres, una de sus personas cercanas y ahora prófugo, y 3 para Baldizón, de los que solo cobró 1.3 millones.

Sinibaldi se reunió por primera vez con directivos de Odebrecht en diciembre del 2011 y al año siguiente, cuando asumió su cargo en el Gobierno, se adjudicó y firmó el contrato para la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA2 a Occidente, la obra de la constructora brasileña en el país centroamericano que está sin terminar pero cuya construcción empezó en junio del 2013.

"Se estableció que Sinibaldi pactó un porcentaje de sobornos con representantes de Odebrecht, los cuales deberían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional", explicó Aldana, en referencia a un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para este proyecto.

Los primeros indicios con respecto a esta primera fase de la investigación aparecieron en el marco del caso "Construcción y Corrupción", una millonaria red de corruptelas, y continuaron el año pasado, después de que Brasil proporcionara información a Guatemala.

Pero además, la Fiscalía tiene como colaboradores en esta causa a la empresa, con la que firmó un acuerdo en el que se pacta el pago de los US$ 17.9 millones, y dos directivos brasileños de Odebrecht, que tienen procesos abiertos en su país, pero que deben pagar al Estado guatemalteco casi 70,000 dólares de multa.

Los tres han proporcionado "información clave", enfatizó Aldana.

Baldizón, quien no jugaba un papel dentro del Gobierno de Pérez Molina, facilitó "cuentas y empresas" a los implicados en esta trama para poder cobrar las coimas y en los allanamientos realizados hasta el momento, al menos una decena, se le descubrieron grandes propiedades y una colección de vehículos de lujo, de marca Jaguar, detalló Velásquez.

Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht -que pidió disculpas a los guatemaltecos en un comunicado y en el mismo se comprometió a mantener una actitud "ética y transparente"- pagó US$ 788 millones en sobornos en unos 12 países de América Latina, entre ellos a Guatemala, donde dio US$ 17.9 millones a funcionarios entre los años 2013 y 2015.

En Guatemala otras dos personas fueron detenidas el fin de semana, uno más está en paradero desconocido, y cuatro, dos de ellos en prisión preventiva por otro caso, fueron citados a declarar, todos acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.