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Un juez mexicano suspendió la aplicación de una reforma a la ley nacional de hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca reforzar la participación estatal en esta industria, informaron fuentes judiciales.
La suspensión de esa reforma se mantendrá hasta que se resuelva la constitucionalidad de los cambios aprobados en abril por el Congreso mexicano, de mayoría oficialista, según indica la sentencia dictada por el juez Juan Pablo Gómez, especializado en competencia económica.
El fallo, que resuelve un recurso de amparo entablado por algunas empresas afectadas, suspende los efectos de cinco de los artículos reformados de la ley de hidrocarburos pues “podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
La reforma legal abría la puerta a que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía puedan suspender y revocar permisos a empresas privadas para el transporte, almacenamiento y distribución de distintos hidrocarburos, según expertos.
El juez Gómez consideró además que los cambios normativos otorgan una ventaja competitiva a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) lo que permitiría que “retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética” aprobada en el 2013 por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector, con la consecuente afectación para los consumidores finales”, argumentó.
El izquierdista López Obrador es un férreo detractor de la reforma constitucional del 2013 pues considera que atentó contra la soberanía nacional y busca desmantelar a la endeudada Pemex para favorecer la participación de privados en la industria petrolera mexicana.
En marzo pasado, el mismo Gómez había suspendido indefinidamente una reforma a la ley de la industria eléctrica que buscaba dar prioridad a la también estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo y la tecnología.
El magistrado también alegó entonces la protección de la libre competencia y concurrencia en los mercados.
Desde que asumió el poder, en diciembre del 2018, López Obrador está empeñado en reforzar el papel del Estado en la industria energética mexicana lo que le ha valido fuertes choques con el sector empresarial.