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Mientras en Estados Unidos devoraban toneladas de guacamole para amenizar el Super Bowl, en Michoacán, la enorme huerta que produjo los aguacates (paltas), un militar desactivaba explosivos sembrados por narcos que hacen la ley en esta región de México.
En una carrera contrarreloj, ambos países han reactivado recientemente las exportaciones del fruto, suspendidas el 11 de febrero por Estados Unidos ante amenazas telefónicas contra uno de sus inspectores sanitarios en el estado de Michoacán, en el centro de México.
La fiesta del Super Bowl pasó y los envíos se reanudaron el 21 de febrero. Pero Michoacán, mayor productor mundial de aguacate y origen de 85% del que se consume en Estados Unidos, sigue viendo amenazada su gran riqueza agroindustrial por el asedio del crimen organizado, que saca tajada del negocio mediante robos, secuestros y extorsiones.
Casas baleadas, cultivos abandonados y minas antipersonas son parte del panorama en Aguililla, cuna de Nemesio Oseguera “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien Washington ofrece US$ 10 millones de recompensa.
Con ventas por US$ 2,800 millones en el 2021, la palta mexicana es todo un botín para el CJNG -el más poderoso del país- y el cártel de Los Viagras, que además se disputan encarnizadamente esta zona estratégica para sacar droga desde la sierra hacia las costas del Pacífico.
Solo este mes, cuando se dispara el consumo por la final del fútbol americano, se exportan 140,000 toneladas de esta baya ovoide cuya pulpa verdosa tiene la textura de la mantequilla.
Pueblos fantasma
Nuevas medidas de seguridad, aún no detalladas, permitieron reanudar las exportaciones. El Ejército ya había ingresado a Aguililla a inicios de febrero, antes del incidente del inspector, sin usar la fuerza.
Desde entonces, los militares patrullan varios municipios de Michoacán entre los vestigios de los traficantes: agujeros de balas, barricadas y pintadas con las siglas “CJNG” en paredes, ahora barnizadas de azul.
Los delincuentes también dejaron minas de fabricación artesanal, práctica hasta ahora inusual en México y que refleja la escalada de violencia narco a la que se atribuye la mayoría de los 2,732 homicidios registrados en Michoacán en el 2021.
A mediados de febrero, uno de esos explosivos mató a un hombre de 79 años. Unas 250 minas han sido localizadas durante el despliegue, dijeron militares durante una demostración para desactivarlas.
En los caseríos de Aguililla, de 14,000 habitantes, se ve poca gente y por momentos parecen pueblos fantasma sofocados por temperaturas de casi 40 grados.
Algunos pobladores que asoman para airearse rehúyen hablar con la prensa. Los que acceden, temerosos, manifiestan su esperanza de que el Ejército se quede.
“Ojalá y que haya la paz, que venga la paz y esto no surja más adelante”, comenta un hombre de mediana edad que evita dar su nombre. Algunos escépticos creen que los criminales solo esperan agazapados a que el Ejército se vaya.
Aguacates infiltrados
Meses atrás, Aguililla vivía casi sitiada. Con bloqueos que impedían el transporte de alimentos y mercancías, mucha gente se desplazó hacia otras zonas del estado y algunos intentan migrar a Estados Unidos.
Los cárteles buscaban impedir que sus enemigos se abastecieran, pero las comunidades se llevaron la peor parte. Moradores cuentan que incluso “El Mencho”, de 55 años, se paseó por el pueblo el año pasado, mientras autoridades acusan a su organización de atacarlas con drones cargados de explosivos y de poseer armamento pesado y vehículos blindados conocidos como “monstruos”.
Según miembros de la industria, detrás de la amenaza al inspector estarían intentos de algunos productores de enviar a Estados Unidos aguacate de otros estados, pues Michoacán es la única región mexicana con aval estadounidense para exportar.
La suspensión temporal generó incertidumbre en el sector, acostumbrado desde hace más de dos décadas a cifras récord de exportación en las semanas previas al Super Bowl.
“Nos agarró a todos por sorpresa y pues nosotros también estábamos cortando (cosechando) y mucha gente estaba cortando, otros ya habían terminado de cortar”, cuenta Jorge Moreno, empresario del municipio de Ario de Rosales, uno de los mayores productores.
Alegando estar hartos de la delincuencia y de la pasividad de las autoridades, en el 2021 un grupo de productores conformó en esa localidad la autodefensa “Pueblos Unidos” para enfrentar a los criminales.
Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechaza esos escuadrones -surgidos por primera vez en Michoacán en el 2013- por considerar que generalmente delincuentes se infiltran.
El mandatario izquierdista propugna una política de “abrazos, no balazos” que, según él, privilegia la inversión social frente a la ofensiva militar desplegada en México desde el 2006 y que acumula unos 340,000 asesinatos, sin que el tráfico de drogas haya disminuido.
Paños tibios
Con millonarios intereses económicos y de seguridad de por medio, controlar Michoacán es vital tanto para el gobierno como para los criminales.
Esa disputa “pasa cada vez más por la violencia para todos estos actores”, dice Romain Le Cour, coordinador del programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en la organización México Evalúa.
En medio del fragor queda gente como Evangelina Contreras, de 54 años, quien abandonó su comunidad en la costa michoacana y busca a su hija desaparecida.
“Si alguna persona vino como por el 2003 o 2004, Michoacán no tiene nada que ver con ese tiempo, que podías andar con toda tu libertad, salir de noche. Ahorita no”, lamenta.
Para algunos pobladores, los problemas son tan graves que la presencia militar o las ayudas humanitarias son solo paños tibios.
“¿Diez kilos de alimento resolverán el problema? ¿Por cuánto tiempo?”, cuestiona una mujer de 60 años en la ciudad de Apatzingán, que auxilió a desplazados con despensas durante el cerco de Aguililla.
“Cuando la calentura (fiebre) se quita, quedan los síntomas. Así es esto también”, apunta el campesino de Aguililla que protege su identidad como su propia vida.