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Andrés Manuel López Obrador, que ganó por amplio margen las elecciones presidenciales en México tras prometer grandes cambios en los mercados energéticos del país, ha tenido cuidado de no espantar a los inversionistas cancelando categóricamente reformas previas.
En su lugar, el presidente mexicano pasó su primer año completo en el cargo descartándolas poco a poco, de a una a la vez, desacelerando la inversión privada, pero sin detenerla.
Si bien el rebelde izquierdista conocido como AMLO ha suspendido las subastas de petróleo y gas del país, ha mantenido intactos los contratos existentes con compañías globales. Recientemente, anuló normativas que habrían hecho que el mercado de combustible fuera más competitivo, incluso cuando ha permitido que prosperen las importaciones privadas de combustible. Ahora, está en proceso de revisar los contratos de electricidad, pero promete no cancelarlos.
Es un mensaje confuso que ha evitado que los inversionistas privados entren en pánico, aunque mantienen la cautela, según Carlos Petersen, analista de Eurasia Group Ltd.
“López Obrador ha sido muy estratégico en cuanto a no perseguir contratos que ya se han adjudicado, ya que comprende las repercusiones que eso podría tener para la reputación e inversión en México”, dijo Petersen por teléfono desde Nueva York. “Eso ha ayudado a reducir algunas incertidumbres. Pero que el problema para la industria es lo que viene después”.
AMLO, nacido en una ciudad petrolera en el estado de Tabasco, sureste del país, ganó la presidencia en julio del 2018 prometiendo fortalecer Petróleos Mexicanos, la endeudada petrolera estatal, y la asediada Comisión Federal de Electricidad (CFE), revirtiendo las reformas de liberalización de su predecesor. Pero en lugar de intentar forzar la rápida aprobación de un gran grupo de regulaciones nuevas, está avanzando cuidadosamente hacia su objetivo.
La administración “comprende que no necesitan hacer una gran reestructuración legal del sector energético para lograr realmente sus objetivos, que son fortalecer y aumentar el papel de las empresas estatales a expensas de la participación del sector privado”, dijo Petersen.
Una de las primeras medidas de López Obrador como presidente fue pedir una interrupción en las competitivas subastas de petróleo y gas de México, pieza central de los cambios legislativos del 2014 que pusieron fin al monopolio de ocho décadas de la petrolera estatal de México.
López Obrador dijo que las empresas extranjeras que se habían adjudicado contratos, como Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp., debe mostrar resultados antes de que se realicen nuevas rondas de licitación. Es una medida que se toma pese al hecho de que muchos campos de aguas profundas no comenzarán a producir hasta después de que termine su mandato presidencial en 2024.
Las licitaciones para acuerdos de empresas conjuntas entre Pemex y empresas privadas también se suspendieron, y la nueva administración optó por adjudicar contratos de servicios de perforación a través de un proceso de licitación cerrada que favorece a los contratistas locales.
López Obrador reemplazó a los reguladores de energía partidarios al gobierno anterior por su propio equipo, lo que ayuda a allanar el camino para que el gobierno fortalezca a Pemex y CFE al eliminar regulaciones asimétricas de combustible y subsidios para las compañías privadas de electricidad.
En diciembre, la CRE otorgó a Pemex una extensión de cinco años a un requisito de combustible limpio que le ha permitido continuar vendiendo el contaminante diésel en regiones del país. También anuló un acuerdo que establece controles de precios a los combustibles que Pemex vende a mayoristas, lo que, en efecto, permite a Pemex encarecer a sus rivales.
Infraestructura compartida
También se canceló una normativa que exige que Pemex comparta la infraestructura de combustible con empresas privadas. Y ahora López Obrador prometió revisar los contratos de electricidad que otorgan subsidios a empresas privadas para generar energía renovable. Eso podría hacer que México aumentara los costes de transmisión a las empresas privadas y diera preferencia a la CFE por sobre la generación privada en el envío de electricidad a la red nacional.
Si bien existe un incipiente mercado de energías renovables en México, el sector sufrió un golpe después de que el gobierno cancelara la cuarta subasta de energía a largo plazo a principios del año pasado, sin planes de reprogramar el proceso de licitación hasta que los titulares de los contratos existentes cumplan con sus compromisos en la generación de energía.
“Tienen un amplio margen de maniobra”, sostuvo Petersen. “Especialmente con el control que tienen actualmente no solo sobre las agencias de energía y el Poder Ejecutivo, sino también sobre los reguladores del sector energético”.
Si bien es probable que muchas de esas medidas desaceleren la inversión privada, no la detendrán por completo. Las necesidades de México son simplemente demasiado grandes.
Asociación público-privada
El gobierno reconoce que la inversión privada es importante como mínimo para el desarrollo de infraestructura, y López Obrador ha dicho que en febrero se anunciarán nuevos proyectos de asociación público-privada en el sector energético como parte de un plan nacional de infraestructura. Se espera que estos incluyan ductos, terminales, líneas de transmisión y centrales eléctricas.
En el mercado de combustibles, los minoristas privados están ampliando su participación en las importaciones e invirtiendo en terminales de almacenamiento. En noviembre, compañías distintas de Pemex importaron alrededor de 107.000 barriles de gasolina por día a México, casi tres veces más que hace un año, lo que representa un 18% del total de las importaciones de combustible.
En el sector petrolero, existe un creciente mercado secundario para la compra y venta de bloques petroleros privados, impulsado en parte por la promesa de López Obrador de respetar los contratos existentes. La británica Premier Oil Plc podría vender su participación en el descubrimiento de clase mundial de Zama. En octubre, Chevron compró a Shell una participación de 40% en tres bloques de aguas profundas en México.
“Estamos observando mucha actividad en el mercado secundario: ventas de participaciones, swaps y la llegada de nuevos jugadores”, dijo Alejandra León, analista de petróleo de IHS Markit Ltd, en una llamada telefónica desde Ciudad de México. “Pero el riesgo es que las oportunidades son limitadas”.
El desafío, agregó, es “mantener el dinamismo de la industria cuando no se ofrecen nuevos bloques, cuando hay un clima antireformista y cuando las empresas temen contradecir al presidente”.