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Una oleada de personas, un aumento en los homicidios, una carencia de energía. Tres grandes crisis a las que se enfrenta hoy. La manera en que las resuelva tendrá repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Estados Unidos, que ha participado en la creación de algunos de estos problemas, debería ser parte de su solución.

La migración es la crisis de más alto perfil. Cientos de miles de centroamericanos han atravesado México en los últimos cinco años, acompañados de cubanos, haitianos, indios, africanos de Camerún y la República Democrática del Congo y otros, en camino a la frontera sur de EE.UU.

La administración anterior de deportó a 600,000 de estos residentes temporales. No obstante, vienen más. Y no todos continúan, por lo que México absorbe a miles que se detienen y se quedan.

La promesa de una vida mejor en EE.UU., los vínculos familiares y las reglas de refugio atraen a los centroamericanos y a otros a la frontera entre EE.UU. y México. Pero el presidente aceleró el éxodo con sus planes iniciales de migración.

Su oferta de visas humanitarias desencadenó una estampida de 12,000 personas que lo obligó a retractarse de la invitación. Recortó los presupuestos de las dos principales agencias mexicanas de migración, con lo que los burócratas abrumados quedaron aún más impotentes para enfrentar el creciente flujo.

Luego apaciguó las agresivas demandas del presidente Donald Trump. Para evitar la amenaza de Trump de imponer aranceles a menos que López Obrador detuviera a los inmigrantes en tránsito, despachó a 6,000 miembros de la Guardia Nacional y el ejército a construir obstáculos, allanar hoteles y fortalecer la frontera. También aceptó mantener a miles de inmigrantes en México mientras EE.UU. procesa lentamente sus solicitudes de refugio.

Los inmigrantes ya abruman los refugios locales, las iglesias y los parques en Tijuana. Cerca de 500 inmigrantes son devueltos cada día a Ciudad Juarez, con apenas 1,500 camas en los refugios, y en un pasado no muy lejano considerada la ciudad más peligrosa del mundo.

Mientras EE.UU. expande sus protocolos de protección a los inmigrantes, una política descrita con el eslogan "Quédense en México" se promociona en otras ciudades fronterizas, ninguna de las cuales está preparada para albergar, vestir, alimentar, educar o cuidar a quienes llegan.

El gobierno federal de México no está interviniendo para aliviar estas cargas locales. En cambio, la decisión de López Obrador de acabar con la financiación pública a las organizaciones no gubernamentales deja a los refugios para migrantes, los comedores comunitarios y los defensores de derechos humanos cada vez más por su cuenta.

La violencia, también, golpea a México. El año pasado fue el más mortal registrado. Bajo López Obrador, los homicidios siguen creciendo. El crimen se está desbordando de los fortines de los cárteles en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán hacia los centros manufactureros de Guanajuato y Jalisco, y hacia la capital.

La demanda de drogas estadounidense alimenta parte de eso y las armas estadounidenses lo hacen más mortal. Pero es el débil estado de derecho mexicano lo que permite el crimen. Y en este aspecto, las medidas de López Obrador para llevar seguridad han sido lentas en los mejores casos, y contraproducentes en los peores.

Al recortar la policía federal y retirar financiamiento a las policías comunitarias, López Obrador está redoblando sus esfuerzos en una nueva guardia nacional a la que le tomará años estar a la altura. Está retirando fuerzas militares y de seguridad de la lucha contra el crimen para que persigan a mujeres y niños inmigrantes. Sin fuerzas locales y nacionales efectivas enfocadas en la seguridad, México no será más seguro.

Peor aun, sus esfuerzos de reforma a la justicia están despedazando las iniciativas incipientes para fortalecer el estado de derecho. Se dirige a destruir el Sistema Nacional Anticorrupción, un luchado esfuerzo de la sociedad civil para atacar los sobornos descarados. Su partido ha atiborrado la Suprema Corte, con lo que ha dado fin a su independencia.

Él mismo ha dicho que la "jusiticia" (presuntamente según su definición) es más importante que la aplicación de la ley. Esta personalización y politización de la tercera rama del gobierno es equivalente a la impunidad y continuará posibilitando el crimen.

Mientras tanto, México tiene dificultades para generar electricidad. Los apagones están silenciando los aires acondicionados en los hoteles de Cancún, atenúan las luces en los hospitales de Campeche y a menudo dejan áreas enteras de Yucatán y Veracruz en la oscuridad.

El gobierno culpa de las fallas a los pequeños incendios, las viejas plantas eléctricas y hasta los comentarios públicos de la independiente Comisión Reguladora de Energía. ¿La verdadera razón? México carece de gas.

El gas natural alimenta más de la mitad del uso energético de México y aún más de su electricidad. Dos tercios de esto vienen del extranjero. Y desde diciembre, el nuevo gobierno recortó las importaciones.
Cabe aclarar que México ha pasado por escasez de gas en el pasado.

Hace una década, las fábricas de Monterrey disminuían la producción o incluso cerraban cuando la electricidad escaseaba. México lo resolvió con gasoductos, conexiones nuevas entre Texas y México que multiplicaron casi por cinco los flujos de gas. Las importaciones de gas natural licuado desde EE.UU. también crecieron dramáticamente.

López Obrador ha encargado a Pemex, la compañía de energía estatal, acabar con la escasez actual. No obstante, su producción de gas es la mitad de lo que era hace una década, y sigue cayendo. Dada la mezcla entre menor capacidad técnica de Pemex, corrupción, ideología y simple terquedad, es poco probable que esta tendencia cambie pronto.

Miles de empleados calificados de se han ido desde diciembre a causa de los despidos y los recortes salariales.

La deuda creciente y los agresivos nuevos gastos, como una refinería de US$ 8,000 millones, no dejan a Pemex espacio para invertir en impulsar el gas. Además, el gobierno está asustando a los inversionistas externos con sus ataques a los contratos privados; recientemente, proveedores de gasoductos canadienses lanzaron acusaciones de términos "injustos" y tramposos. La posición de López Obrador contra el fracking empeora todo, cerrando efectivamente la mitad del potencial de gas de México.

EE.UU. podría ayudar a México a enfrentar estos desafíos. En cuanto a migración, podría empezar por ser mejor vecino y dejar de pedirle a México que aborde un problema conjunto por sí solo. EE.UU. podría arreglar su proceso de refugio y aumentar los jueces, no las fuerzas de seguridad, en la frontera. También podría dar dinero a México para apoyar el flujo de personas, como los millones que Europa ha dado a Nigeria y Turquía para albergar a los sirios.

En cuanto a seguridad, EE.UU. y México ya cuentan con un vehículo para la cooperación: la Iniciativa Mérida. Aunque ambos gobiernos subestiman el programa de seguridad, los cientos de millones al año gastados en la última década han fortalecido el estado de derecho en México.

La inteligencia compartida ha acabado con redes criminales. Los programas financiados por EE.UU. han capacitado a abogados, jueces y oficiales de policía sobre las reglas del nuevo sistema judicial mexicano. Y las nuevas academias de policía han profesionalizado a las fuerzas locales y han introducido tácticas de policía comunitaria para abordar los delitos locales cotidianos.

Los suministros estadounidenses son la única manera inmediata y costo efectiva de salir del actual dilema eléctrico de México. Si López Obrador y su administración estuvieran abiertos a la idea, Texas es una fuente de un botín excepcional y barato.

Ayudar a México a enfrentar estos desafíos no es caridad. Lo que ocurre allí es importante para las compañías estadounidenses que cuentan con México como uno de sus mayores mercados de exportación.

Es doblemente importante para Texas, ya que México es su socio comercial y su comprador externo de energía más grande. Importa para la frontera, ya que una desaceleración económica en el sur enviará a más mexicanos junto a los centroamericanos hacia el norte. E importa para la seguridad, porque las organizaciones criminales se encuentran a lo largo de la frontera y ponen en peligro a las poblaciones de ambos lados.

EE.UU. necesita que México no caiga. Sería incluso mejor que López Obrador tuviera éxito. Un México próspero, inclusivo y en crecimiento también promete enormes beneficios para su vecino del norte. Tal vez, el desafío más grande ahora es lograr que ambos líderes entiendan esa realidad.

Por Shannon K O'Neil

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