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Las grandes ciudades cada vez chocan más con los estados nación. Esta semana vimos otra señal de eso, cuando los alcaldes liberales de Bratislava, Budapest, Praga y Varsovia firmaron el “Pacto de las Ciudades Libres”. Se trata de las capitales de los cuatro países de Europa del Este liderados por gobiernos nacionalistas/populistas. Ese es solo otro ejemplo de una de las tendencias que definió el 2019 en todo el mundo.
Cada vez es más frecuente que las personas de las ciudades quieran más libertades, estén más dispuestas a aceptar todo tipo de diversidad y se preocupen relativamente menos por la idea en general de la soberanía nacional. Las personas en los pueblos más pequeños y las áreas rurales se preocupan más por la identidad nacional y preservar las costumbres locales, incluso si eso significa seguir a autócratas.
Por supuesto, ese no es siempre el caso. Igor Calzada, un investigador de la Universidad de Oxford que ha estudiado la dicotomía entre los estados nación y las "ciudades-región", ha demostrado que estas últimas también pueden ser nacionalistas.
En Italia, Ugo Rossi, de la Universidad de Turín, ha argumentado que los problemas sociales sin resolución de las ciudades pueden contribuir al populismo y la xenofobia.
Ahora bien, el cisma entre las ciudades como cunas de la libertad y los estados como guardianes de la identidad fue clave entre el inusual número de protestas que estallaron en todo el mundo en el 2019, incluso si presuntamente empezaron por problemas económicos o de consumo.
La tensión entre los estados nación y las ciudades es difícil de resolver por medios democráticos, y los sistemas electorales se enfrentarán a cada vez más desafíos a medida que avance la urbanización. La ciudadanía en sí misma pasará cada vez más del estado nación a la ciudad. Por ahora, muchos regímenes simplemente recurren a reprimir duramente las protestas de las ciudades, pero esa no es una solución a largo plazo.
Votar contra el estado nación
Los casos de las cuatro capitales de Europa del Este son típicos del contraste entre el enfoque de los gobiernos nacionales en la soberanía y la identidad y el de los residentes de las ciudades en el cosmopolitismo y el progresismo.
En Eslovaquia, el líder del partido gobernante, Smer, recientemente fue acusado de discurso de odio por respaldar la denuncia de un político ultranacionalista contra los rom; el alcalde de Bratislava, Matus Vallo, es un arquitecto que toca bajo y ganó la alcaldía en 2018 como independiente, respaldado por un equipo de profesionales sin alineación política que quieren modernizar la ciudad.
En República Checa, el multimillonario primer ministro Andrej Babis, bajo constante sospecha por sus conflictos de interés, es tan impopular en Praga que 250,000 personas salieron a las calles para exigir su renuncia en junio, la mayor protesta desde la caída del comunismo.
El alcalde de Praga, Zdenek Hrib, representa al Partido Pirata, la elección de muchos jóvenes checos porque defiende las libertades civiles, la transparencia del gobierno y las políticas ambientales fuertes.
En Polonia, el Partido Ley y Justicia obtuvo una convincente victoria en las elecciones nacionales este año. Sin embargo, en Varsovia y algunas otras ciudades tuvo sus peores votaciones. El alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, representa a Plataforma Cívica, el partido liberal que gobernó Polonia antes de que Ley y Justicia se hiciera cargo en 2015; en la actualidad, los políticos de Plataforma Cívica son los críticos más duros del gobierno.
En Hungría, el gobierno nacionalista e intolerante de Viktor Orban no puede ganar las elecciones en la capital con pensamiento abierto por los mismos medios que en las provincias, donde el partido gobernante Fidesz tiene algo así como un monopolio de la información.
Budapest se pintó con los colores de la oposición en el mapa de las elecciones nacionales del 2018, y este año, Gergely Karacsony ganó las primeras elecciones primarias de la historia en conjunto con la oposición habitualmente fragmentada contra Orban; luego, en octubre, ganó la alcaldía.
Los cuatro alcaldes quieren ver sus ciudades como metrópolis abiertas y globales que atraen trabajadores, creadores e inversionistas de todas partes; el enfoque de los partidos dominantes en las tradiciones, incluidas las religiosas, no concuerda con sus objetivos. Quieren solicitar la financiación de la Unión Europea para sus ciudades liberales, la cual puede ser negada a los gobiernos nacionales concentrados en la soberanía porque la UE duda de su compromiso con los valores europeos.
También quieren presentar un frente conjunto alternativo contra el Grupo de Visegrado, la alianza entre los cuatro estados nación con el frente antiinmigración más fuerte de la UE y que debilita las ideas dominantes en el bloque sobre la manera en que las ramas ejecutiva y judicial deben equilibrarse en los países democráticos.
Ahora bien, la UE ya entiende muy bien que trabajar de cerca con las ciudades es una de las mejores maneras de trascender sus divisiones nacionales; en el 2016, adoptó una amplia agenda urbana y empezó a involucrar a los gobiernos de las ciudades en la toma de decisiones.
La idea de un “Pacto de Ciudades Libres” podría expandirse fácilmente mucho más allá de Europa del Este; por ejemplo, al Reino Unido, que pronto abandonará la UE, y a EE.UU.
En las elecciones nacionales del Reino Unido a principios de este mes, las principales ciudades —y no solo Londres— votaron por el Partido Laborista de izquierda y en contra de los conservadores del primer ministro, Boris Johnson, quien obtuvo una aplastante victoria en el resto del país. En EE.UU., la división urbana-rural es uno de los aspectos clave de la tensión política en la campaña electoral en curso, en la que las ciudades más grandes se han alineado en contra del presidente Donald Trump.
Estas son divisiones que ningún sistema electoral conocido ha resuelto bien. Los sistemas políticos de Europa del Este se basan en una representación proporcional para los partidos clave, pero las principales ciudades, pese a su importancia económica, no cuentan con suficiente población para dictar los resultados nacionales.
El sistema del Reino Unido y la manera en que empodera a los principales partidos políticos significa que en esencia los votantes urbanos y rurales se turnan en tener una mala representación en el gobierno. El diseño federal estadounidense le da un poder desproporcionado a las áreas menos pobladas.
Pero, al menos, en los países democráticos, los residentes de las grandes ciudades pueden luchar contra las tendencias nacionales y elegir alcaldes que se resisten a la dirección conservadora de la política nacional. Pueden liberar presiones y enfocarse en asuntos locales a la vez que intentan cambiar la marea política nacional. El tiempo está de su lado: de acuerdo con Naciones Unidas, la urbanización está lejos de desacelerarse.
En otras partes, los residentes de las ciudades se ven obligados a inundar las calles en protestas contra los regímenes que de otro modo no los escuchan.
Protestar contra el estado nación
Este año estuvo marcado por importantes protestas en Argelia, Bolivia, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Haití, Indonesia, Irán, Irak, Líbano, Sudán, Rusia y muchos más. En la mayoría de los casos, las protestas se originaron en las principales ciudades de estos países.
Por supuesto, es natural que las manifestaciones masivas ocurran en las ciudades: es en ellas donde más personas pueden reunirse más rápidamente. En ocasiones, como en Argelia, Irán, Sudán o Líbano, las personas salen a la calle en todo el país. Pero a menudo, son los residentes de las grandes ciudades —intelectuales, estudiantes o pobres urbanos— quienes se levantan contra una injusticia que podría ni siquiera ser obvia para la población del país.
Entonces, si el gobierno trata duramente a estos manifestantes, las protestas y los choques se esparcirán a otras partes. En ocasiones, una importante oleada de protestas empieza por un asunto económico, pero los residentes en las ciudades la ampliarán a otros desacuerdos con el gobierno.
Estudiantes en Yakarta protestaron contra las leyes represivas y pidieron políticas ambientales más fuertes; intelectuales en Bagdad denunciaron su desempleo; colegiales en Santiago desafiaron un aumento en las tarifas del metro y encendieron las protestas contra un presidente multimillonario impasible; los moscovitas exigieron el derecho a votar por candidatos de la oposición en las elecciones municipales; todas estas son personas enojadas por los problemas de las grandes ciudades que los estados nación se rehúsan a resolver.
En últimas, las demandas siempre convergen en más libertad, como en Irán, donde las protestas iniciaron en noviembre con rabia por un aumento al precio de los combustibles pero luego atacaron la opresión del régimen de la República Islámica.
Las protestas más grandes de este año se dieron en Hong Kong, mientras los residentes intentaban proteger los remanentes de su sistema democrático de la insidiosa subyugación de China continental.
Este es un choque clásico entre la ciudad y el estado nación, y ha creado un dilema difícil para Pekín: por un lado, tenía que reprimirlo para evitar que el malestar liberal se esparciera a las ciudades en China continental; por el otro, necesita a Hong Kong como ventana de un mundo más libre.
El estado nación contrataca
La respuesta de los estados nación a todo esto ha sido la represión brutal. Esto a su vez ha generado una expansión de las protestas en Hong Kong, Irak, Moscú y otros lugares. Es fácil entender la lógica de los gobernantes autoritarios: sin violencia, no pueden mantener el control de sus ciudades, luego de sus países, como lo demuestra la caída del presidente boliviano Evo Morales.
Pero la violencia no va a funcionar para siempre. El poder económico de las ciudades está aumentando. De acuerdo con Brookings Institution, las 3,000 áreas metropolitanas más grandes del mundo representaron 66,9% del producto interno bruto real del mundo y 36.1% del crecimiento en el empleo entre el 2014 y 2016, los años más recientes para los que se ha realizado el cálculo. Esto solo puede generar más poder político para los residentes de las ciudades y los líderes que escogen, por encima de aquellos impuestos por los estados nación.
Dentro de los regímenes nacionalistas u opresivos, las ciudades son resortes. A medida que acumulan riquezas y buscan fortalecer sus relaciones mutuas, llevan el mundo más cerca de la utopía descrita por el fallecido filósofo político estadounidense Benjamin Barber en su libro de 2013, “If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities” (Si los alcaldes gobernaran el mundo: naciones disfuncionales, ciudades en ascenso):
Las ciudades están cada vez más interconectadas en redes de cultura, comercio y comunicación que dan la vuelta al mundo. Estas redes y los complejos de cooperación que representan pueden recibir ayuda para hacer formalmente lo que actualmente hacen informalmente: gobernar a través de la cooperación voluntaria y el consenso compartido.
Si los alcaldes gobernaran el mundo, los más de 3,500 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) que viven en las ciudades y los muchos más que habitan los barrios fuera de ellas podrían participar globalmente al mismo tiempo, un milagro de la “glocalidad” que promete pragmatismo en vez de política, innovación en vez de ideología y soluciones en vez de soberanía.
Un mundo así sigue estando muy lejos, por supuesto, pero en el 2019, las batallas que podrían llevarnos allí se propagaron a plena vista por el planeta.
Por Leonid Bershidsky