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En medio de la segunda ola del nuevo coronavirus COVID-19, Buenos Aires fue escenario este viernes de protestas de trabajadores de la salud y organizaciones sociales que reclaman mejoras salariales y laborales en un contexto de alta inflación y aumento de la pobreza.
Una columna de trabajadores de la salud, la mayoría enfermeros, forcejearon con fuerzas policiales al intentar alcanzar el Puente Pueyrredón, una de las principales entradas a la capital argentina desde la colindante provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema “Basta de precarización”, los enfermeros advirtieron sobre “la crisis sanitaria que sigue profundizándose de la mano de la pandemia”. Afirmaron que reclaman desde hace tiempo al gobierno del presidente Alberto Fernández mejoras salariales y el pase a planta fija de aquellos que están en una situación laboral precaria.
Sus demandas se producen en momentos en que la inflación no cede y cuando un rebrote de COVID-19 ha tensionado el sistema de salud. Argentina acumula 4.2 millones de contagiados y cerca de 88,000 muertos. El número de pacientes críticos aumentó en las últimas semanas y las terapias intensivas cuentan ahora con más de 7,500 personas ingresadas.
Algunos convocados se quejaron de que sus sueldos de no más de 50,000 pesos (unos US$ 490) no les permiten sustentarse y que para llegar a fin de mes deben trabajar en dos o tres nosocomios al mismo tiempo.
También exigieron un bono que el gobierno debería haberles pagado en mayo y reclamaron mejoras edilicias y de equipamiento en los hospitales.
En mayo la inflación fue de 3.3% y en los primeros cinco meses del año acumuló 21.5%, lo que hace temer que no se cumpla la proyección del gobierno de un costo de vida de 29% para todo el año.
En tanto, varias arterias centrales de la capital fueron bloqueadas por miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, que se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo ayudas para los trabajadores informales y los desempleados.
Los manifestantes, muchos de los cuales no guardaban el distanciamiento, amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas.
Esas organizaciones también tienen previsto movilizarse en distintas provincias del país.
El Ministerio de Desarrollo Social anunció la víspera que pagará un bono extraordinario de 6,000 pesos (unos US$ 59) a cerca de un millón de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo, lo que no evitó que se dispararan los reclamos.
Según los manifestantes hay unas ocho millones de personas -de una población total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deberían recibir el llamado Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno en el 2020 para contrarrestar los perjuicios económicos de la pandemia.
La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.