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Presidente de Colombia podría atentar contra la paz: M. Margolis

Iván Duque asumió la presidencia en agosto pasado prometiendo solo modificar el defectuoso acuerdo con las FARC, que no era del gusto de muchos colombianos. Sin embargo, sus demandas pueden reabrir un debate que pisotearía los términos de una paz que fue negociada laboriosamente.

Venezuela

Iván Duque, presidente de Colombia. (Foto: EFE)

(Foto: EFE)

Tomó a Colombia cerca de cinco años negociar el final de la insurgencia guerrillera más antigua de Latinoamérica. El acuerdo de paz que logró el expresidente Juan Manuel Santos le permitió ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz e impulsó al país con más conflictos del hemisferio al borde de una normalidad democrática. Así las cosas, es justo ahora preguntarnos ¿por qué el acuerdo está bajo ataque?

Si el presidente Iván Duque se sale con la suya, el pacto podría descoserse. A la par, los supervisores colombianos temen que se pierda la mejor posibilidad que ha tenido el país de descansar de cincuenta años de caos e infamia.

Animado por los legisladores de extrema derecha, Duque se opuso a partes del acuerdo de paz y recientemente envió la ley a la legislatura para ciertos arreglos. Sus demandas -que establecen reglas más estrictas para sentenciar a los rebeldes y compensar a las víctimas, facilitarían la extradición y enviarían a los abusadores sexuales de menores a un tribunal común en vez de tribunales especiales más indulgentes- están relacionadas con seis de los 159 artículos del acuerdo.

Las demandas pueden parecer bastante razonables. Sin embargo, al reabrir el debate se podrían pisotear los términos de una paz que fue negociada laboriosamente. Al remitir la ley al Congreso, donde podría languidecer durante meses o sufrir un gran cambio, Duque amenaza con lanzar todo el acuerdo, y Colombia, al caos.

Hasta hace poco, una perspectiva tan sombría parecía poco probable. Después de muchos inicios falsos, el acuerdo de paz enmendado se aprobó en el Congreso en 2016 y ganó la imprimación del Tribunal Constitucional, que dictaminó en 2017 que el acuerdo no podría ser modificado sustancialmente por otros 12 años. Sin embargo, las negociaciones prolongadas habían amargado a los colombianos, que se quejaron de que el plan era demasiado indulgente con los rebeldes, y avivó la revuelta política que llevó a Duque a su cargo.

Duque asumió la presidencia en agosto pasado prometiendo solo modificar el defectuoso acuerdo -que no era del gusto de muchos colombianos- no sabotearlo. Pero una economía lenta empeorada por una inmigración masiva de refugiados venezolanos, un aumento en la producción de cocaína y el crimen, y los cobros entre políticos heredados cobraron su precio. Su fallida reforma fiscal provocó una revuelta en la legislatura y disgustó tanto a los contribuyentes como a los acreedores. A fines del año pasado, cayeron los índices de aprobación del joven tecnócrata y novato político.

Jugar al presidente de la guerra es extraño para Duque, un joven estudioso que trabajó una década en el Banco Interamericano de Desarrollo donde dirigió la división de cultura, creatividad y solidaridad y teorizó sobre la economía naranja de Latinoamérica que desataría una "riqueza de talento, propiedad intelectual, interconexión y, por supuesto, patrimonio cultural".

Sin embargo, las apuestas de que Duque demostraría ser un reformador colombiano pronto se marcaron. Las protestas públicas y el rechazo en el congreso obstaculizaron su plan principal de desarrollo nacional. El creciente descontento envió a Duque a brazos de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe , cuyo grupo de políticos ultraconservadores y grandes terratenientes todavía quiere guerra.

Los halcones de Colombia presionaron el caso en enero cuando un carro bomba armado por un grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), explotó en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, cobrando la vida de 21 personas, siendo el atentado terrorista más mortífero de la nación desde 2003. Duque aprovechó la conmoción, desechó incipientes conversaciones con el ELN y exigió que Cuba arrestara y extraditara a los negociadores rebeldes reunidos allí para negociar la paz.

La línea dura pagó dividendos políticos en una tierra dividida por medio siglo de insurgencia y crecientes cargas fiscales, con los detalles más desconcertantes del plan de reconciliación de posguerra aún por resolver.

Sucedió lo mismo con el tono duro hacia Venezuela , donde el colapso de la economía bolivariana dispersó a millones de refugiados desesperados y convirtió la porosa frontera de 2,200 kilómetros entre los dos países en un espacio seguro para las bandas criminales y los rebeldes independientes. "El desorden en el país vecino es un refugio para las personas que toman las armas, y no hay nada que Colombia pueda hacer al respecto", dijo Adam Isacson de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. "Eso le ha dado ventaja a aquellos colombianos de línea dura".

La tragedia venezolana también abrió otra oportunidad. Duque tuvo un breve repunte en las encuestas al reconocer rápidamente al disidente legislador venezolano Juan Guaidó , nombrado presidente interino por la Asamblea Nacional de su país, y legitimó el reclamo de liderazgo de Guaidó como un tema clave en Latinoamérica.

"Duque tuvo su momento durante la crisis de Venezuela y demostró que era su propio hombre y no una criatura del uribismo", dijo Robert Karl, historiador de Princeton y académico de Colombia. "Pero al intentar revertir partes del acuerdo de paz apunta hacia lo contrario. Hay un vacío que indica que no ha tenido suficiente mano dura".

La amenaza inmediata de los esfuerzos de Duque por revisar el acuerdo no es reavivar la insurgencia de las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia: las guerrillas desmovilizadas son ampliamente detestadas, están muy debilitadas y despojadas de líderes carismáticos. El mayor peligro es la corrosión institucional que desacredita a las autoridades gubernamentales cuando más se necesita.

"El Congreso no puede reescribir la ley. Podrían simplemente dejar que la cuenta languidezca, tal vez durante meses", dijo Isacson. Señaló que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que solo se pronunciará sobre la constitucionalidad de las enmiendas propuestas una vez que el Congreso haya intervenido.

"Entretanto, hay miles de exguerrilleros y otros combatientes cuyos casos están pendientes de revisión ante los tribunales especiales", agregó Isacson. "¿Cuántos de estos acusados se escabullirán y se unirán a facciones rebeldes residuales en el campo, o se unirán a bandas criminales?".

Esta perspectiva ha desinflado las esperanzas de un nuevo comienzo para la democracia de Colombia y el tan anunciado dividendo de la paz que se estimaba alentaría a la cuarta economía más grande de Latinoamérica una vez se dio el cese al fuego. En este punto, Duque debe reconocer que su tarea más urgente no es reescribir el acuerdo de paz, sino rescatarlo.

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