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En Chile tiene un carácter histórico, pero en el mundo ha sido el principal mecanismo para el cambio constitucional a partir del año 2000, según cifras de Naciones Unidas.
Según un artículo de la BBC, se trata de la Asamblea Constituyente, o Convención Constitucional, con será llamada en el caso chileno: un grupo de personas elegida a través del voto popular sólo con el propósito de redactar una nueva Carta Magna.
Esta opción recibió el 79% de apoyo en el plebiscito del 25 de octubre, donde el “apruebo” a una nueva Constitución llegó al 78%.
A diferencia de cualquier otra Asamblea Constituyente en el mundo, sin embargo, la Convención Constitucional chilena será paritaria, asegurando un mínimo de 45% de mujeres.
Y aunque su itinerario y plazos están claros, todavía falta definir su reglamento y cuántos representantes indígenas incluirá.
Por lo pronto, partidos políticos, independientes y organizaciones sociales comenzaron a sugerir candidaturas incluso antes del referendo y, tras el resultado, nuevos nombres se autoproponen o tantean sus posibilidades.
“Que la demanda de cambio constitucional haya sido planteada con más o menos énfasis durante la transición, y las reformas planteadas desde el 2005 para abordar la desafección política, han ayudado a aclarar los temas en debate”, le dice a BBC Mundo la investigadora del centro Albert Hirschman, Yanina Welp.
En ese análisis, algunos de los temas más importantes del órgano constituyente son claros y ya están sobre la mesa: el rol del Estado, los derechos sociales garantizados (como salud, educación y pensiones), el reconocimiento de derechos indígenas y la forma de gobierno.
Pero el grupo de convencionales no sólo debe resolver temas de contenido: debe contar además con un mecanismo claro de diálogo y participación con la ciudadanía, coinciden las voces consultadas por BBC Mundo.
Rol del Estado, derechos, poder
“Hay temas claves que sí o sí estarán en la Convención”, enumera la politóloga chilena Pamela Figueroa, quien trabajó en el proceso constituyente planteado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
“El rol del Estado, por ejemplo, que es uno de los clivajes de la sociedad chilena. Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social, un Estado Social de Derecho”, dice la académica.
“Luego estarán los derechos, especialmente sociales: cuáles se incorporan, cómo se garantizan. Y hay amplio consenso en incorporarlos de forma más explícita: educación, salud, seguridad social. Surgirán nuevos, como el de vivienda. Y derechos de segunda generación: relativos al medioambiente, la no discriminación, la participación. Eso también será importante”, continúa.
“Y luego el debate sobre el régimen político, la distribución del poder que es, en mi opinión, el más importante”, precisa.
“Una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles”, explica Figueroa.
“Se requiere transformar el equilibrio de poder entre presidente y Congreso, y ampliar la participación política abriendo mecanismos de democracia directa entre elecciones. Cómo se defina la distribución del poder afectará cómo la nueva Constitución se irá convirtiendo en nuevas leyes, se irá expresando en políticas públicas”, afirma.
Estado plurinacional, reglas para un “nuevo capitalismo”
La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas “fundamentales” de la Convención, plantea Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política y profesor en la Universidad Católica de Chile.
“Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes”, propone Luna.
Sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos, apunta a que este debate será importante, y su resultado no representa sólo un fuerte efecto simbólico.
“Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional”, recuerda.
El académico agrega que el derecho a la sindicalización y a la organización laboral debería ser también parte importante de la discusión constitucional, “para poder pensar en un nuevo capitalismo en Chile, con una cancha más pareja entre el capital y el resto de los actores”.
“Parte de la desigualdad que tenemos, de los abusos relacionados con el rol de las empresas, tanto a consumidores, trabajadores o comunidades, tienen que ver con que la Constitución hace imposible la sindicalización por rama de actividad y favorece la competencia sindical”, plantea Luna.
“A eso se suma la municipalización de la educación y la salud, que impide tener sindicatos nacionales capaces de negociar con los Ministerios. Eso fragmenta, y quiebra a los sectores trabajadores, subalternos”, explica.
Para Luna, “una de las claves para reformar el modelo chileno tiene que ver con dotar de más capacidad a trabajadores, consumidores, comunidades, para emparejar la cancha frente a las empresas y capital”.
Cree que en esa discusión, también hay un beneficio para el empresariado.
“Hoy el empresariado no tiene con quién negociar, por la debilidad de los actores que han sido quebrados durante tantos años. Si piensas en un modelo socialdemócrata, ese modelo tiene que ver con un pacto social entre trabajadores, capitalistas y Estado, con negociaciones tripartitas”, explica el politólogo.
“Una de las claves de la socialdemocracia, más allá de los derechos sociales y del Estado de bienestar, tiene que ver con coordinar la producción entre capital, trabajo y comunidades de forma sistemática y negociada en el tiempo. Eso es imposible o muy difícil de estructurar con la actual Constitución chilena”, plantea.
Reconciliar instituciones y ciudadanía
Para Francisco Soto, académico de derecho constitucional, el gran desafío de la Convención chilena es “reconciliar a las instituciones con la ciudadanía”.
Y en esa tarea, es fundamental el método que siga. “No puede trabajar a puertas cerradas”, sostiene.
Analizando decenas de experiencias de reforma, el académico apunta que es imprescindible, además del compromiso de los convencionales, contar con una metodología que aclare a la ciudadanía cómo se escuchará su opinión, como se le responderá y en qué plazos.
“Vengo estudiando procesos de reforma en el mundo en los últimos 30 años y todos tienen el mismo problema: crisis de legitimidad. En Chile la caída en la participación política ha sido la más grande en el mundo, desde 1989 hasta ahora. Hay una distancia enorme con las instituciones”, destaca.
“Es clave que la Convención articule un vínculo con la gente, que trabaje de cara a la ciudadanía, con argumentos y razones, que dialogue. Ya lo hicieron Islandia, Finlandia, Irlanda, Brasil. Si eso no se produce, estamos fritos. Porque la gente no va a empatizar con lo que se decida”, apunta.
Soto cita su propia experiencia en un curso de capacitación con 15,000 inscritos a partir de su libro “La Constitución en debate”: los inscritos tenían entre 15 y 30 años. Y lo que nos preguntaban era cómo se incluiría a los independientes. Tienen un fuerte rechazo a la partidocracia. Quieren controlar el proceso y no quieren que les hagan trampa".
Régimen de gobierno
“Se habla mucho de un régimen parlamentarista versus uno presidencialista”, describe Juan Pablo Luna sobre el debate constitucional, “pero parte de los problemas de Chile hoy es que elige a sus representantes al Congreso en función de una lógica territorial, que termina generando caudillismos territoriales y debilitando a los partidos políticos”.
“Ojalá se pueda pensar en un modelo mixto, donde los representantes se eligen combinando distritos uninominales y una lista nacional”, detalla, y plantea como referencia los sistemas vigentes en Israel o Alemania.
La Convención, que no incluirá congresistas en ejercicio, debería facilitar ese debate, explica Luna.
Pamela Figueroa se inclina por un “presidencialismo parlamentarizado”, con propuestas como que el presidente pueda disolver el Congreso por una sola vez, o que el Congreso pueda censurar al presidente.
O que, en caso de elecciones presidenciales donde nadie gana en primera vuelta, sea el legislativo el que defina el balotaje, con un programa de gobierno consensuado entre Parlamento y Ejecutivo.
“Debe plantearse un diseño integral, con incentivos y herramientas que incentiven la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy la figura presidencial llega al poder con la ilusión de la mayoría y se encuentra con un Congreso que no le permite llevar adelante su agenda. Hay una disociación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”, dice Figueroa.
Describe que hoy Chile tiene 17 partidos representados en el Congreso, lo que genera grandes dificultades a la hora de generar mayorías. “Congreso debería ser unicameral. Y la elección a partir de listas cerradas, que no incentiven las agendas individualistas”.
Mayor flexibilidad y acuerdo nacional
“El movimiento por los derechos indígenas ha logrado tener cierta voz, está cada vez más consolidado”, describe Ingrid Welp, ratificando la importancia que tendrá la discusión sobre los pueblos originarios en la Convención chilena. Agrega la descentralización y la participación ciudadana.
“Uno de los legados que destacan en el análisis de la Constitución de Pinochet fue cómo anuló la participación ciudadana y política, a través de las reglas de quórum inalcanzables y otros mecanismos”, agrega.
Precisa también sobre el efecto de la paridad en la redacción de una nueva ley fundamental “Las feministas no somos naif, sabemos que las mujeres somos plurales; pero está muy estudiado cómo la participación de las mujeres en el Congreso sí influye en las definiciones que se toman a nivel parlamentario, y eso debería reflejarse aquí. Añadiría que en Chile la inequidad se expresa en todos los ámbitos: que el país tenga la primera Convención paritaria muestra el poder del feminismo para impulsar los cambios políticos”.
En términos generales, Luna apunta a que una nueva ley fundamental debe reflejar un acuerdo nacional: “Que no represente el triunfo de un sector sobre otro. La actual Constitución refleja muy claramente el triunfo por la fuerza de un sector sobre otro, ese es el problema que hoy tenemos”.
Agrega que es necesario además, contemplar en el debate qué grado de flexibilidad permitirá una mejor adaptación a los cambios sociales.
“Debe tener mecanismos de reforma que la actual no tuvo. La Constitución debiera ser un marco, que nos de cierta orientación general, pero también cierta flexibilidad para adaptarse sin dramas” dice Luna.
“Eso se puede hacer dando garantías al capital y las inversiones. El problema es que el actual modelo chileno es tan extremo, que la clave constitucional es lo único que lo sostiene”.
