Plataformas democráticas bolivianas protestarán por cierre fiscal de caso del fraude electoral

Distintas plataformas ciudadanas de Bolivia anunciaron protestas y bloqueos en la semana de las fiestas patrias para expresar su rechazo al cierre del caso fiscal del fraude en las elecciones presidenciales del 2019.

El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) emitió una convocatoria para movilizarse el próximo 5 de agosto en las regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz utilizando los símbolos patrios y portando todas las medidas de bioseguridad.

La protesta será en rechazo al cierre del caso denominado “fraude electoral” que en julio la Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció que una pericia realizada en España determinó que “no hubo manipulación” de los resultados de los comicios anulados del 2019.

También exigirán la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por el “abandono de sus obligaciones al pretender cerrar el caso fraude electoral” y la reforma del Ministerio Público y la Justicia del país.

El Conade instó a las organizaciones ciudadanas de otras regiones bolivianas como fuera del país a que se organicen para realizar otras movilizaciones ese día, según el documento de la convocatoria.

De la misma manera, la plataforma ciudadana del 21F, llamada así por el referéndum realizado en el país el 21 de febrero del 2016 que negó la posibilidad al expresidente Evo Morales a que participara en los comicios del 2019 a los que finalmente se presentó avalado por una resolución del Tribunal Constitucional, también llamaron a movilizarse.

Los representantes de esa plataforma convocaron a protestar de manera pacífica el próximo 5 y 6 de agosto, en la que ondearán banderas bolivianas mostrando su inconformidad por el cierre del caso del fraude electoral y también exigirán que se pare la persecución política, según difunden medios locales.

El 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia, también realizarán una protesta frente al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa donde el presidente Luis Arce dará su mensaje a la nación.

Asimismo, el lunes en la noche la Asamblea de la Cruceñidad en la oriental Santa Cruz, el motor económico del país, determinó apoyar las movilizaciones del 5 de agosto contra el intento de imponer la mentira del ‘golpe de Estado’.

También se concluyó que el Comité Pro Santa Cruz realice todas las acciones necesarias para que el fraude electoral del 2019 sea castigado y que los culpables sean procesados.

“Esta primera acción de protesta ciudadana contra el intento de imponer la mentira del golpe de Estado será la primera de muchas acciones de calle hasta que la verdad sea instaurada y se reconozca el fraude electoral del 2019”, se indica en parte de las resoluciones de esa asamblea en la que anunciaron bloqueos desde el 9 de agosto por un tema sobre tierras.

Antecedentes

La pasada semana la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró “en emergencia” e indicaron que defenderán al Gobierno de Luis Arce, ante la inconformidad de varios sectores del país con la decisión de la Fiscalía boliviana de cerrar ese caso.

El pasado 27 de julio la Fiscalía presentó una pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que concluye que “no hubo manipulación” de los resultados de los comicios fallidos del 2019 y se cerró el caso.

Políticos y organizaciones opositoras consideran que la decisión de la Fiscalía va en contra a la auditoría que efectuó en el 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un acuerdo bilateral que establecía un resultado vinculante.

En la jornada electoral del 20 de octubre del 2019 hubo una paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que duró casi 24 horas cuando existía un 83% de los resultados lo que generó la desconfianza en los comicios.

En medio hubo un cambio de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente el expresidente Carlos Mesa y descartaba una posible segunda vuelta y con ello emergieron las primeras acusaciones de fraude.

La madrugada del 10 de noviembre del 2019, la OEA publicó el resultado de la auditoría que detectó irregularidades muy graves como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

Esta situación provocó una crisis social y política en el país que derivó en que el 11 de noviembre Morales renunciara a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado.