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El gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional para detener un proyecto de ley impulsado por políticos opositores que permitiría que los ciudadanos hagan un segundo retiro parcial desde sus fondos privados de pensiones.
En un comunicado, Piñera dijo que el proyecto de ley -que ya fue aprobado ampliamente por los diputados y avanzó al Senado, donde comenzará a ser revisado en los próximos días- es inconstitucional ya que implica materias exclusivas de la Presidencia, como gasto público, seguridad social e impuestos.
El proyecto de ley “no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social”, señaló la nota divulgada por la tarde.
“Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro”, añadió.
El Congreso aprobó un primer retiro parcial de los fondos en julio pasado como una manera de enfrentar la crisis económica desatada por el coronavirus, que llegó a Chile en marzo. Las cuarentenas y otras medidas de bloqueo social golpearon duramente la economía del país sudamericano, mientras el desempleo se elevó a niveles históricos en una década.
Los partidarios del proyecto de ley -que ha avanzado también gracias al apoyo de legisladores oficialistas- dicen que ayudaría a los chilenos que aún lidian con las consecuencias económicas del coronavirus, al considerar que el gobierno ha dado una respuesta inadecuada.
El gobierno ha destinado al menos US$ 12,000 millones en varios paquetes económicos de emergencia para enfrentar la crisis.
La decisión de acudir al Tribunal Constitucional es arriesgada para el gobierno de centroderecha de Piñera, que exhibe bajísimos niveles de popularidad y ya ha sido fuertemente criticado por el manejo de las protestas contra la desigualdad que estallaron a fines del año pasado.
Junto con acudir a la corte constitucional, el gobierno presentó esta semana su propio proyecto de ley que permite a un número limitado de personas retirar una segunda parte de sus pensiones. El Ejecutivo también impulsa una reforma al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, fuertemente criticado por las bajas jubilaciones que otorga.
