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Una mayor protección social y la formalización de las economías para combatir la precariedad laboral son dos de las principales propuestas planteadas por cuatro organismos internacionales como medidas urgentes para combatir la crisis económica tras la pandemia.
Abordar estas dos aristas será imprescindible para evitar que se reviertan los avances socioeconómicos de las últimas décadas en la región, apuntan en el informe “Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021″.
Esta publicación es elaborada conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea.
“La región atraviesa un desafío sin precedentes, que requerirá de espacios coordinados y alianzas sólidas para construir nuevos contratos sociales”, señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
La tasa de informalidad es “extremadamente alta”, por encima del 58%, señaló la funcionaria internacional, lo que deja a muchas personas en una situación de “gran vulnerabilidad”, especialmente a las mujeres y los jóvenes, vinculados a sectores más precarios.
Con récord de muertes, extensas cuarentenas o escasez de equipamiento y atención médica, América Latina, la región más desigual del mundo, fue una de las más afectadas en términos sanitarios y económicos por la crisis sanitaria.
El COVID-19, que deja ya 46.5 millones de contagios totales y 1.5 millones de fallecidos, provocó en el 2020 una contracción del 6.8% del PBI -la mayor en 120 años- y elevó los niveles de pobreza y pobreza extrema al 33.7% y el 12.5%, respectivamente.
“Volver los ojos a lo básico”
El reporte reconoce los esfuerzos realizados por los países de la región para proteger a los grupos más vulnerables, pero destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis.
Como solución, propuso Bárcena, será fundamental avanzar hacia “sistemas de protección social universales” y “volver los ojos a lo básico: la atención de salud, a la educación y la protección laboral”.
Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, destacó por su parte la importancia de “mejorar las políticas fiscales y la administración tributaria en el gasto público” para enfrentar las posibles nuevas olas del COVID-19 y la aparición de nuevas variantes.
“La región entró en la crisis sanitaria con ingresos fiscales que representan menos del 23% del PBI, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, de 33.8%”, lamentó.
Integración y cambio climático
Según las proyecciones de Cepal, la economía de la región crecerá un 5.9% en el 2021 -con alzas en solo nueve de los 33 países de la región-, y no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el 2023-2024.
Para acelerar este proceso, apunta el informe, se requerirá reforzar la integración regional y la cooperación y además del diseño de la gestión internacional de la deuda prestando especial atención a los retos de los pequeños estados insulares del Caribe.
“Las políticas fiscales y movilización de los recursos domésticos no serán suficientes. Necesitaremos la complementariedad y el financiamiento concesional”, expresó Bárcena.
El presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, agregó que el trabajo coordinado a través de alianzas renovadas y de una amplia agenda de cooperación es la única vía para afrontar tanto la pandemia como el cambio climático.
Sobre el tema ambiental, el mayor desafío será el uso de la tierra y la deforestación, agregó Díaz-Granados, que funcionan como “la tecnología más eficiente para luchar contra las emisiones de efecto invernadero”.
“En esta región tenemos el 16% del territorio y casi el 50% de la biodiversidad. No va a haber una solución para el cambio climático sin América Latina”, concluyó.