La oposición al Kremlin, inamovible tras un año de represión

La condena de cárcel impuesta hace un año al principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, fue un golpe muy duro para la oposición rusa, y la situación empeoró después. En los últimos 12 meses, decenas de activistas, periodistas independientes y defensores de los derechos fueron objeto de allanamientos, detenidos y señalados como terroristas y agentes extranjeros.

“En términos legales, la oposición política en Rusia terminó casi por completo”, explica Irina Fatyanova exdirectora de la oficina de Navalny en San Petersburgo y quien huyó del país.

Los contratiempos comenzaron cuando Navalny fue arrestado en enero del 2021 al regresar de Alemania, donde pasó meses recuperándose de un envenenamiento con una neurotoxina de la que culpa al Kremlin. Su encarcelamiento desencadenó la mayor ola de protestas en Rusia en años, seguida de detenciones masivas.

Luego, el 2 de febrero del 2021, un tribunal ordenó que Navalny cumpliera dos años y medio de prisión por violaciones de su libertad condicional derivadas de una sentencia suspendida del 2014 en un caso de fraude que Navalny insiste en que tuvo motivaciones políticas.

La ofensiva en varios frentes contra las voces disidentes no tuvo precedentes en la Rusia postsoviética.

“Durante el mandato de Putin siempre se ha recurrido a la represión, pero fue complementaria” a otros esfuerzos que apuntaban directamente al proceso político, como las elecciones y la propaganda, comenta el analista político Abbas Gallyamov. “La situación cambió dramáticamente el año pasado”.

En las últimas semanas, el gobierno volvió a aumentar la presión sobre Navalny y su equipo, al añadirlo a él y a sus asociados al registro estatal de terroristas y extremistas y al solicitar que su hermano fuera encarcelado.

El martes, las autoridades también ordenaron a los medios de comunicación independientes que eliminaran decenas de notas basadas en las múltiples denuncias de corrupción entre los funcionarios del gobierno hechas por Navalny.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha insistido en que ninguna persecución en Rusia está motivada políticamente.

Inicialmente, agrega Gallyamov, la presión sobre los activistas de la oposición y los medios de comunicación críticos con el Kremlin aumentó debido a las elecciones parlamentarias de septiembre del 2021, que fueron ampliamente vistas como clave para el esfuerzo de Putin por consolidar su control del poder.

Sin embargo, después de que la votación fue favorable al Kremlin, las autoridades no vieron ninguna razón para dejar de apretar las tuercas a la disidencia. “Es fácil poner en marcha la aplanadora de las represiones. Es difícil detenerla”, dice Gallyamov.

Los asociados de Navalny, especialmente quienes anunciaron que se postularían para el Parlamento, enfrentaron una serie de cargos penales durante el período anterior a las elecciones.

Sus aliados más cercanos, Ivan Zhdanov y Leonid Volkov, que habían abandonado el país, fueron incluidos en una lista de personas buscadas en relación con múltiples cargos penales. En marzo, el padre de Zhdanov, un exfuncionario municipal en la región de Nenets, en el norte de Rusia, fue detenido por cargos de abuso de poder que se consideraron motivados políticamente.

Oleg Stepanov, exjefe de la oficina de Navalny en Moscú, tuvo que realizar bajo arresto domiciliario su campaña para la Duma —el Parlamento ruso— después de que lo acusaran de violar las normas sobre el coronavirus al convocar protestas no autorizadas por el arresto de Navalny.

La causa también implicó al hermano de Navalny, Oleg, a la portavoz Kira Yarmysh, a la antigua aliada política Lyubov Sobol y a varios otros activistas.

Stepanov únicamente podía comunicarse con el mundo exterior a través de su novia y sus abogados. Finalmente, se le excluyó de la contienda electoral, al igual que a la gran mayoría de los candidatos de la oposición, y se le impusieron restricciones similares a las de la libertad condicional en el caso relacionado con el virus.

La política Sobol, quien también buscó refugio en el extranjero, contabilizó cuatro procesos penales en su contra en el 2021. “Fui condenada en dos causas penales. Me iniciaron dos más. Me consideraron miembro de un grupo extremista. Mi equipo fue expulsado del país y pasé unos dos meses bajo arresto domiciliario”, afirma.

El golpe más aplastante para el equipo de Navalny ocurrió en junio del 2021, cuando las autoridades proscribieron la Fundación para la Lucha contra la Corrupción y sus casi 40 oficinas regionales en todo el país. La etiqueta a la fundación como organización extremista expuso a los asociados y simpatizantes a enjuiciamiento y les prohibió postularse para cargos públicos.

Varios excoordinadores de las oficinas regionales fueron detenidos por cargos de extremismo a fines del año pasado.

Después de las elecciones, Stepanov salió de Rusia para estudiar y esperaba regresar después de obtener un título, pero el arresto de uno de los coordinadores regionales lo hizo reconsiderar.

“Subestimé el riesgo y me fui temporalmente, pero ahora entiendo que es por tiempo indefinido”, afirma. La semana pasada, las autoridades incluyeron su nombre en una lista de personas buscadas por la justicia.

Otros grupos de la oposición han sufrido problemas similares. Rusia Abierta, financiada por el magnate ruso y crítico de Putin Mikhail Khodorkovsky, se disolvió a finales de mayo por temor a la persecución de sus miembros en virtud de una ley que prohíbe las organizaciones “indeseables”. Varios días después de que la organización dejara de existir, su líder, Andrei Pivovarov, fue encarcelado.

Las autoridades lo acusaron de dirigir una organización “indeseable”, a pesar de que Rusia Abierta había dejado de existir cuando se abrió un caso contra Pivovarov. Si es declarado culpable, podría pasar hasta seis años en prisión.

Tatyana Usmanova, una aliada cercana de Pivovarov y exdirectora de campaña en su candidatura a la Duma el año pasado, manifestó que era difícil anticipar la escala de la represión.

No obstante, a medida que aumentaba la presión sobre las organizaciones de Navalny, quedó claro que las autoridades “temen a quienes pueden reunir a cientos, miles, decenas de miles de personas y coordinarlas de alguna manera, dirigirlas hacia algo”, subrayó Usmanova.

La represión también se extendió a decenas de medios de comunicación, periodistas específicos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Fueron etiquetados como “agentes extranjeros”, una designación que invita a un escrutinio gubernamental excesivo y conlleva una connotación que desacredita al destinatario. Algunos también fueron declarados indeseables o acusados de vínculos con organizaciones indeseables.

Cuatro sitios de noticias independientes cerraron y al menos dos grupos de derechos humanos se disolvieron.

Por otra parte, a fines del 2021, la Corte Suprema de Rusia cerró Memorial, la organización de derechos humanos más antigua y destacada del país, alegando violaciones de la ley de agentes extranjeros.

Meduza, el medio de comunicación independiente más popular de Rusia con sede en Letonia, fue el primero en recibir la designación de agente extranjero en el 2021. Alexei Kovalev, su director de periodismo de investigación, dijo que el medio comenzó inmediatamente a perder anunciantes y fuentes.

Al igual que otras organizaciones con la misma etiqueta, Meduza se vio obligada a agregar, en cada despacho que publica, un engorroso descargo de responsabilidad de 24 palabras en letras grandes que revela su condición de agente extranjero. Si dejara de agregar el aviso legal podría sufrir multas paralizantes.

Meduza logró montar una fuerte campaña de “crowdfunding” —recurrir a la gente para recabar fondos— entre sus lectores. A medida que crecía la lista de medios etiquetados como agentes extranjeros, la designación comenzó a perder poder, señala Kovalev.

Los anunciantes que quieran llegar a “una audiencia de calidad” tendrán que anunciarse en un medio designado como agente extranjero, “porque ya no hay nadie que no sea un agente”, agregó.

Los activistas de la oposición se niegan a admitir la derrota. La activista Sobol declaró que los miembros del equipo de Navalny, a pesar de ser perseguidos y expulsados del país, “todavía hacen que esto funcione”.

“Publicamos investigaciones. Hacemos un trabajo de organización y vemos un fuerte apoyo en la sociedad rusa que no se ha reducido”, recalca.

Usmanova subraya el hecho de que los activistas de Rusia Abierta continuaron con sus esfuerzos incluso después de que el grupo dejó de existir: algunos se presentaron como candidatos a las elecciones locales y otros hicieron campaña por diversas causas.

Sería imposible para las autoridades sofocar todas las voces críticas, especialmente en internet y las redes sociales y con la creciente conciencia de la grave situación del país, explica Usmanova.

“Incluso en la era de la Unión Soviética”, recuerda, “no lograron encarcelar a todos los disidentes y silenciarlos”.