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La Cámara de Diputados de México aprobó suprimir el fuero al presidente para que pueda ser juzgado en el cargo. A la reforma constitucional le queda un largo recorrido pero el debate ya está servido: ¿Es el fuero del jefe del Estado un mecanismo de protección o de impunidad?
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien envió esta iniciativa a la Cámara tras asumir el cargo en el 2018, celebró este jueves su aprobación, que tiene que ser ratificada por el Senado y la mitad de congresos estatales.
“Es un hecho histórico que se apruebe quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancia”, expresó en conferencia de prensa.
Sin embargo, hay otros que no lo ven tan claro, como su ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una reconocida jurista y exmagistrada de la Suprema Corte, que se pronunció en contra.
“Yo no estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, pero es su deseo y su determinación. El fuero es una protección constitucional al primer mandatario de este país”, advirtió la semana pasada.
Juzgar al presidente
La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establecía que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.
La nueva propuesta añade: “podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.
“Si se elimina totalmente el fuero, el funcionario no tendría ninguna protección para ser sujeto a un proceso penal. Cualquiera podría denunciarlo”, explicó Gerardo Castillo, especialista en Derecho Constitucional del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Aunque su supresión pueda interpretarse como un acto de igualdad con el resto de ciudadanos, el especialista explicó que la figura del fuero, existente en muchas otras constituciones, “no es mala por sí misma”.
“La sociedad podría interpretar que es un escudo que genera impunidad hacia los altos funcionarios públicos, pero no es del todo correcto”, sostuvo.
Y es que, señaló, el objetivo del fuero “no es necesariamente proteger a la persona sino proteger al cargo público, para que su ejercicio no se vea interrumpido”.
Aunque la reforma fue aprobada por una amplia mayoría -420 votos a favor y 15 abstenciones-, algunos diputados de la coalición gubernamental expresaron su inquietud por la posibilidad de que se “prefabriquen” delitos contra el presidente para entorpecer su gestión.
“Es suicida quitar el fuero al compañero presidente, cuando todos los días le acusan de barbaridades”, expresó el legislador Gerardo Fernández Noroña.
Mecanismos alternativos
Para López Obrador, quien asumió el poder con un férreo discurso contra la corrupción, el fuero presidencial es uno de los mayores “privilegios” que gozaban sus predecesores para no rendir cuentas por sus actos.
Sin embargo, Castillo matizó que el fuero “no es permanente”, por lo que una vez abandonan el cargo, los expresidentes pueden ser procesados por delitos que cometieron durante su presidencia, los cuales no prescriben.
Así pues, la reciente acusación hecha por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra Enrique Peña Nieto en la trama Odebrecht podría sentar al expresidente (2012-2018) en el banquillo.
Asimismo, el experto en Derecho Constitucional recordó que ya existe un mecanismo para “desaforar” a los cargos públicos.
Se trata del llamado juicio político, previsto en la Constitución, el cual permite al Congreso mexicano cesar a un cargo, incluido al presidente, para que afronte la justicia.
El mismo López Obrador lo sabe más que nadie y es que en el 2005 la Cámara de Diputados lo apartó del cargo de alcalde de la capital mexicana para que fuera juzgado de un caso de corrupción del que finalmente salió exonerado.
El líder izquierdista acusó entonces al presidente Vicente Fox de haber orquestado esa operación política para apartarlo de la carrera presidencial del 2006.
Hasta el momento, ningún presidente mexicano ha pasado por un proceso similar en el Senado, cámara facultada para desaforarlo.