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Un grupo de veinticuatro diputados británicos inició en Edimburgo una acción legal para evitar que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pueda ordenar el cierre del Parlamento de Westminster y forzar así la salida del país de la Unión Europea(UE) sin acuerdo.
El caso, que se presentó este martes ante el Tribunal de Sesiones, la corte de mayor rango de Escocia que podría revisarlo el próximo mes, sostiene que sería ilegal clausurar la Cámara de los Comunes para que esta no bloqueara un abandono abrupto del bloque comunitario.
Johnson se ha comprometido a que el Reino Unido salga de la UE en la fecha prevista del 31 de octubre, aunque sea sin un acuerdo pactado, un extremo que rechaza la mayoría del Parlamento británico.
Los diputados que han tomado la iniciativa judicial temen que el "premier" pueda utilizar sus atribuciones para ordenar un cierre parlamentario que haría que sus señorías no pudiesen oponerse a sus planes.
En caso de querer activar este mecanismo, Johnson necesitaría el permiso de la reina Isabel II.
El jefe del Ejecutivo británico se ha negado a descartar el cierre del poder legislativo, argumentando que todas las opciones deben estar sobre la mesa para garantizar que el país formaliza su divorcio de las instituciones europeas en la fecha programada.
Entre el grupo de parlamentarios que respaldan la acción se encuentran la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, el diputado laborista Ian Murray, la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry y la independiente Heidi Allen.
La razón por la que lo han presentado en Escocia es que el Tribunal de Sesiones continúa reunido durante el periodo vacacional, mientras que su homólogo inglés está de vacaciones.
El Gobierno británico, que se niega a abandonar el bloque con el acuerdo negociado por la anterior administración (rechazado hasta en tres ocasiones por el Parlamento), rechazó hoy que no esté dispuesto a negociar un nuevo tratado, como han especulado algunos líderes europeos.
Los Veintisiete consideran que las peticiones de Londres, en particular su pretensión de eliminar la salvaguarda que evitaría una frontera dura en la isla de Irlanda, son inaceptables.