(Foto: AFP).
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La ordenó al Estado de proceder a la liberación inmediata de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla.

En una resolución sobre medidas provisionales, el Tribunal Internacional consideró necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, que el Estado adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares.

“La privación de libertad de estas personas, conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”, cita el texto.

Además, la Corte recordó que en “una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.

Como parte de las medidas el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 8 de julio del 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Posteriormente, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión.

Por su parte, los representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrán que presentar sus observaciones dentro de un plazo de una y dos semanas, respectivamente.

El Tribunal añadió que “constata con preocupación que, hasta la fecha, el Estado no ha proporcionado información alguna respecto del paradero y condiciones de detención de estas cuatro personas, y ello pese a los numerosos requerimientos realizados por familiares y representantes legales y, en particular, por la Comisión”.

“La Corte considera que hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad, y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los señores Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y de la señora Granera Padilla, y ello debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones”, cita la resolución.

El ente resaltó la falta de información del Estado nicaragüense sobre el paradero y condiciones de detención, su situación actual de incomunicación, así como el alegado delicado estado de salud, la falta de acceso a medicamentos y atención en salud.

“Todas ellas han sido objeto de persecuciones y amenazas desde abril del 2018. Esta situación se ha intensificado con el tiempo y encuentra su punto más álgido en el 2021, a partir del anuncio de estas personas de participar en las elecciones generales de noviembre de dicho año”, explica la conclusión de la Corte.

El presidente Daniel Ortega, que está en el poder desde el 2007 y busca una nueva reelección en las elecciones del 7 de noviembre, acusó a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los tildó de “criminales”, y que se les está juzgando no por políticos ni candidatos, sino por supuestamente cometer delitos que constituyen traición a la patria o lavado de dinero.

Hasta la fecha, al menos 19 personas han sido encarceladas en Nicaragua en los últimos 22 días, como parte de una ola de arrestos en la que han sido detenidos cinco aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, una exprimera dama, un cronista deportivo y dos extrabajadores de una ONG.


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