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Un año después del lanzamiento del, el mundo empresarial británico combate el acoso sexual y moral y el balance no es desdeñable: partida de un importante directivo de banca, acusaciones públicas a grandes patrones y despidos en serie en cuatro auditorías.

Nacido en pleno escándalo sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por el productor de cine estadounidense , el movimiento de denuncia de las agresiones sexuales dio un nuevo impulso a anteriores iniciativas británicas que buscaban cambiar una cultura empresarial considerada machista.

La voluntad de reformar las empresas -generalmente mediante la feminización de su dirección- se combina ahora con la preocupación por evitar los escándalos.

Y el resultado es una verdadera campaña de limpieza.

A principios de esta semana, las cuatro principales firmas de auditoría del país fueron una tras otra designando a los empleados, acusados de acoso sexual o moral, que debían dejar sus puestos.

"Despediremos a la gente que se comporte de manera inapropiada. Nadie se salvará", advirtió el director ejecutivo de Deloitte, David Sproul, en las páginas dominicales del diario Financial Times.

La empresa afirmó que en los últimos cuatro años obligó a partir a unos 20 "asociados", grandes directivos del sector, por casos de acoso, aunque sin precisar las condiciones de estas salidas ni los hechos exactos que se les reprochan.

Justo después de Deloitte, una a una las auditorías KPMG, PwC y EY hicieron lo propio, informando cada una de la reciente partida de media docena de ejecutivos acusados de casos similares.

"Firmeza" en HSBC

El miércoles, la agencia de noticias financieras Bloomberg aseguró que el responsable del banco HSBC para mercados globales había sido presionado para irse tras ser acusado de un "comportamiento inapropiado" por una empleada más joven en el bar de un hotel en Nueva York.

"Se hizo una acusación contra un individuo. Tratamos este caso de frente, con firmeza y de la forma oportuna", respondió el banco a la AFP a este respecto.

En el sector de los seguros, unas 50 empresas publicaron este verano una carta de buena conducta para acabar con el acoso.

"Esta promesa es un compromiso público, como organización pero también colectivamente, de no tolerar los comportamientos inapropiados, de crear una atmósfera de trabajo positiva y diversa", explicó Inga Beale, que entonces era directora de Lloyd's.

Beale, artífice de esta iniciativa, es una figura de las finanzas británicas que en 2014 se convirtió en la primera dirigente femenina del prestigioso mercado londinense de los seguros.

Defensora infatigable de la diversidad de género y de una cultura empresarial favorable a las mujeres, reconoció los "progresos logrados desde principios de los años 1980, especialmente en la última década", pese a todo lo que queda por hacer.

Silencio por orden judicial

Más allá de las finanzas, otros sectores de la economía británica fueron objeto de estrepitosas revelaciones.

El fundador y director general de la marca de ropa Ted Baker, Ray Kelvin, pidió una "baja voluntaria" la semana pasada tras una serie de acusaciones de acoso en su contra.

Dichas acusaciones, de las que se hizo amplio eco la prensa, hablan de "caricias" impuestas a las empleadas por Kelvin, que también habría masajeado y sentado sobre sus rodillas a algunas trabajadoras.

También en el sector de la distribución y de la moda, el patrón del grupo Arcadia, Philip Green, fue acusado en un caso hecho público a finales de octubre por un lord de la venerable cámara alta del parlamento británico.

Lord Peter Hain consideró que era su "deber" informar de este caso, y utilizando su privilegio parlamentario para vulnerar un imperativo legal de silencio reveló la identidad de Green, a quien acusó de haber "gastado importantes cantidades de dinero para ocultar la verdad sobre sus repetidos actos de acoso sexual, de racismo y de hostigamiento".

La justicia había impuesto anteriormente al diario conservador Daily Telegraph el silencio sobre el caso, impidiéndole publicar la identidad del acusado en un primer momento, lo que provocó indignación en un país donde muchos denunciaron un atajo legal que permite a los ricos escapar a un escándalo.