Letonia (Foto:Bloomberg)
Letonia (Foto:Bloomberg)

Un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de tranvías, trolebuses y autobuses para la compañía de transporte público de Riga, Satiksme (RS), ha situado a la capital de Letonia al borde de la quiebra, cuyo rescate iría a cuenta del contribuyente.

Este es el escenario que se vislumbra, como resultado de una serie de circunstancias encadenadas, explicó Talis Linkaits, experto en el sector del transporte y diputado en el Parlamento letón, Saeima, por el Nuevo Partido Conservador.

Los bancos escandinavos e internacionales podrían verse abocados de cancelar sus préstamos ya concedidos comprometidos, por un volumen de cerca de 270 millones de euros, y derivados de la compra de equipos para RS desde el 2013.

La compañía, fuertemente subvencionada desde la municipalidad de Riga, quedaría condenada a la insolvencia, entre suministros de tranvías y otros equipamientos ya entregados y múltiples dudas sobre los vehículos ya en servicio, además de las sospechas de sobornos sobre tales transacciones.

El 14 de diciembre, efectivos de la agencia contra la corrupción de Letonia, KNAB, registraron las oficinas de RS y detuvieron a su director general, Leons Bemhens, así como a otros cargos y ejecutivos de empresas vinculadas a la adquisición de otros tranvías, trolebuses y autobuses.

Las adquisiciones se realizaron entre el 2013 y 2016 y aparentemente entraron en juego sobornos y posteriores operaciones de lavado de dinero para ocultarlos, según las sospechas de la KNAB.

Al menos dos prestamistas internacionales implicados en los suministros de equipos de RS han declarado por escrito en relación con esas investigaciones en curso por parte de las autoridades letonas, comprometidas con la política de tolerancia cero frente a la corrupción.

El portavoz del Nordic Investment Bank (NIB) Jukka Ahonen afirmó que su entidad "aún no ha desembolsado monto alguno de su préstamo a Rigas Satiksme" y añadió que se hará "un seguimiento de la situación con las autoridades competentes, otros financiadores y con el prestatario" antes de tomar decisiones.

"En principio, el banco tiene la posibilidad de suspender o recuperar los préstamos por motivos de corrupción", advirtió.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha contribuido a las adquisiciones de RS, informó en un comunicado que "tiene reglas estrictas" y que "cualquier conducta indebida será investigada a fondo".

"Observamos cero tolerancia frente a la corrupción", apuntó el BEI, para añadir que "valoramos los pasos dados por las autoridades letonas" respecto al caso.

Arnis Sauka, profesor de empresariales en la Escuela de Economía de Estocolmo en Riga (SSE Riga), afirmó a Efe que "si RS quiebra y se demuestra que gran parte de sus activos están comprometidos será, por decirlo suavemente, un gran lío, que irá a cuenta del contribuyente y en detrimento de la sanidad y la investigación".

"Espero que no suceda, pero si ocurre, y la probabilidad es bastante alta, se evidenciará el lastre que deja a largo plazo la corrupción", prosiguió Sauka.

Riga, una ciudad del tamaño de Copenhague o Helsinki, con unos 650,000 habitantes, deberá afrontar ese rescate en cuestión de semanas o meses, tal vez si un liderazgo político claro.

El teniente de alcalde de la ciudad, Andris Ameriks, renunció hace unos días a su cargo, en medio de los registros efectuados en sus oficinas por KNAB.

Desde la municipalidad se ha presentado una moción para que se cese a todo el Consejo de la capital letona, incluido su alcalde, el socialdemócrata Nils Usakovs.

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