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La Cámara de Diputados de Chile rechazó legislar para gravar, una única vez, a las mayores fortunas del país con el fin de financiar una renta básica de emergencia para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19.
“Los parlamentarios de derecha rechazaron el impuesto a las grandes fortunas, protegiendo el bolsillo del presidente de la República y de sus amigos millonarios”, aseveró la diputada de izquierda Camila Vallejo, una de las autoras del proyecto.
La iniciativa buscaba establecer un impuesto puntual con una tasa del 2.5% del patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a un valor de US$ 22 millones o superior y, según los autores del proyecto, podría llegar a recaudar hasta US$ 6,250 millones para financiar una renta universal de emergencia.
El objetivo era que Chile, el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, pudiera mitigar los elevados costos fiscales que deja la crisis sanitaria, que han supuesto un desembolso de US$ 18,000 millones para las arcas del Estado.
El “impuesto a los superricos” -nombre coloquial que recibe este gravamen- era el corazón de un proyecto mayor, del que sí se aprobó y se despachó al Senado una disposición para reducir el IVA de ciertos productos básicos hasta el 2022 y que ingresó el oficialismo.
Los detractores del impuesto señalan que la recaudación que ofrece es muy baja en la práctica y que estimula la fuga de capitales y desestimula la inversión.
“Nosotros buscamos darle un respiro y alivio tributario para los chilenos y defendemos fórmulas que realmente recauden”, señaló el diputado de derecha Gonzalo Fuenzalida, de Renovación Nacional.
La pandemia, que hizo caer la economía chilena un 5.8% en el 2020, recrudeció las desigualdades sociales y, según el Banco Mundial, alrededor de 2.3 millones de personas pasaron de clase media a situación de vulnerabilidad.
En tanto, las ocho mayores fortunas del país, incluida la del presidente Sebastián Piñera, crecieron un 73% el pasado año, según cifras de la revista Forbes.
Debate mundial
El impuesto a los superricos, también denominado “impuesto de justicia social”, ha sido recomendado recientemente por diversos organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una herramienta para reducir las grandes desigualdades de la región.
Además, el ejemplo de Estados Unidos y las políticas de Joe Biden, que lanzó este año un plan tributario nacional e internacional destinado a poner freno al enriquecimiento de los grandes multimillonarios, reverberaron en el país suramericano.
En este contexto, esta propuesta se ganó el respaldo de numerosos parlamentarios y de expertos que estiman que la inversión del Gobierno que llega directamente a las familias no es suficiente.
Pese a ser uno de los países con más población vacunada del mundo, Chile atravesó en marzo y abril los peores meses de la pandemia con una segunda ola que obligó a imponer cuarentenas masivas y que supuso el final de miles de negocios que habían logrado salvarse del encierro del 2020.