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El próximo 1 de enero los ciudadanos del Reino Unido y de la UE se enfrentarán a la cruda realidad cotidiana del Brexit, con el retorno de fronteras y normas que habían sido eliminadas desde hacía décadas.
A partir de esa fecha, los ciudadanos británicos en la Unión Europea serán considerados nacionales de un “país tercero”, y por lo tanto sin los beneficios de libre circulación para estudiar o trabajar en cualquiera de los Estados miembros del bloque.
Del otro lado del canal de la Mancha, los europeos residentes en el Reino Unido pasarán a recibir el mismo tratamiento destinado a personas de cualquier otro país, con la posibilidad de registrarse para poder seguir viviendo en territorio británico.
En el ámbito del turismo también habrá cambios significativos. El Reino Unido y la UE acordaron que los viajes de placer se podrán realizar sin un visado, pero los británicos ya no podrán utilizar en Europa los servicios automáticos de control fronterizo de pasaportes.
Para viajar a Europa, los británicos deberán poseer pasaporte con al menos seis meses de validez y su estancia estará limitada a un total de 90 días por semestre.
En cambio, los detalles de la regulación de viajes de negocios aún siguen siendo discutidos, siempre en casos en que las personas no reciban pagos o salarios por sus viajes.
Los ciudadanos europeos que pretendan estudiar en el Reino Unido a partir de enero precisarán de un visado para cursos con duración superior a seis meses, y pagarán tarifas más elevadas que los estudiantes locales (tarifas que en algunos cursos pueden ser hasta cuatro veces más elevadas).
Esta normativa despertó el inmediato temor en universidades británicas de perder un elevado número de estudiantes en favor de instituciones en Europa, donde muchas de ellas son gratuitas.
De acuerdo con un estudio del parlamento en Londres, había 143,000 estudiantes europeos en universidades británicas en el año académico 2018/2019.
En el 2015, esos estudiantes europeos inyectaron nada menos que 25,800 millones de libras esterlinas (casi US$ 34,000 millones) a la economía británica.
En la dirección opuesta, es altamente probable que los estudiantes británicos sean excluidos del programa Erasmus, que ofrece intercambios subsidiados en países europeos.
Al mismo tiempo, los estudiantes británicos que deseen estudiar en Europa enfrentarán tarifas especiales y exigencia de visados, además de estar impedidos de trabajar.
Se estima que al final de este año habrá 1.3 millón de británicos residentes en Europa y 3.6 millones de europeos en el Reino Unido, y su derecho a permanecer está garantizado en el Acuerdo de Retirada, que rige el Brexit.
Pero quienes deseen emigrar después del 1 de enero tendrán por delante un panorama totalmente diferente.
Los británicos llegados a la UE se enfrentarán a exigencias sobre seguros de salud, ingresos mínimos y dominio del idioma.
Por su parte, el Reino Unido pretende adoptar un sistema de puntaje que tornará difícil la instalación de europeos en su territorio después del 1 de enero.