Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. (Foto: Difusión)
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. (Foto: Difusión)

Con sus hospitales saturados y ante el aumento en el número de muertes por , los gobiernos estatales y municipales de han comenzado a imponer cuarentenas obligatorias que contravienen la voluntad del presidente , quien dice que la pérdida de empleos es más dañina que el Covid-19.

La movilidad de los brasileños ha sido totalmente restringida en menos de dos docenas de ciudades dispersas a través del extenso país de 211 millones de habitantes, aun cuando el número de muertos en Brasil supera los 11,000, la mayor cantidad de Latinoamérica.

Aunque los expertos en salud pública exigen medidas más enfáticas, la mayoría de los gobernadores y alcaldes no han emitido órdenes de confinamiento para la población.

En tanto, Bolsonaro manda el incesante mensaje de que los brasileños desafíen las medidas de salud pública locales y regionales para contener la propagación del virus.

Las cuarentenas más estrictas son necesarias porque los médicos brasileños ahora se ven obligados a escoger entre quién vive y muere, y, si aumentan las situaciones de triaje, podrían generar inquietud entre la sociedad, dijo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud que asesora a funcionarios de salud pública en Brasil. “Tenemos que evitar un desastre total”, comentó.

Lago dijo que las cuarentenas obligatorias en gran parte del país ayudarían. “Es tarde para evitar el colapso hospitalario, pero sin duda no es muy tarde para evitar una mayor catástrofe”, afirmó.

Brasil tenía más de 165,000 casos confirmados hasta el martes, y se cree que el número real es mucho más elevado por las pocas pruebas que se realizan. Muchas unidades de cuidado intensivo en los hospitales están llenas y los cementerios se saturan.

Bolsonaro, quien calificó al virus como una “gripita”, ha insistido durante más de un mes en que los gobernadores atizan una masacre económica con recomendaciones de cuarentena voluntaria y exhorta a los brasileños a continuar con sus vidas diarias.

También fomentó protestas contra el Supremo Tribunal Federal después de que éste afirmara que los gobiernos locales pueden imponer cuarentenas y bloqueos viales por el coronavirus, y constantemente desobedece las recomendaciones de salud pública al estrechar las manos de partidarios.

Gobernadores

Los gobernadores esperaban que el virus no se propagara en el clima cálido de Brasil, pero la respuesta es también un reflejo del panorama político del país, porque los gobernadores dependen de los alcaldes para que apoyen sus campañas de reelección.

Muchos se preocupan de que imponer cuarentenas obligatorias podría dañar a los gobernantes locales en las elecciones municipales de este año, lo que reduciría el apoyo para los gobernadores en sus campañas del 2022, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia de la consultora política Arko Advice.

Pero luego de que la cantidad de muertos pasó de menos de 7,000 a más de 10,000 la semana pasada, las autoridades locales comenzaron a adoptar medidas más estrictas contra el virus.

La comunidad ribereña de Tefe, en la región amazónica, fue una de las primeras con un decreto que precisa cargos criminales para los residentes que salgan de casa excepto para hacer visitas a hospitales, farmacias y supermercados.

El alcalde Normando bessa de Sá la impuso porque sólo aproximadamente la mitad de los 60,000 residentes de Tefe cumplieron con una recomendación previa del gobernador del estado de Amazonas de tomar precauciones por el virus.

Quienes no cumplieron “creen que son inmortales, que no les dará”, publicó el alcalde en Facebook.

En los siguientes tres días, los gobernadores de Maranhão, Pará y Ceará, en el norte y noreste del país, decretaron cuarentenas para sus capitales luego de que comenzaron a llenarse sus unidades de terapia intensiva con enfermos de Covid-19.

Pero Río de Janeiro y Sao Paulo todavía no imponen órdenes de confinamiento a nivel estatal o municipal, aun cuando son los lugares más golpeados en Brasil.

“Debieron haberse impuesto hace tres semanas, cuando la epidemia ya estaba incrementándose pero todavía no a la velocidad que lo hace ahora”, dijo Margareth Dalcolmo, especialista en enfermedades respiratorias e investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz.