Con el programa de asistencia financiera a Ecuador aprobado esta semana, el de Argentina del pasado año y la grave crisis económica de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a implicarse en Latinoamérica tras años de distanciamiento y recelos.
Esta lunes, el Fondo anunció un programa de rescate de US$ 4,200 millones para Ecuador destinado a reforzar "la posición fiscal y mejorar la competitividad" del país suramericano.
"Lo único que sorprende de Ecuador es el tiempo que han tardado en solicitar la asistencia del FMI, porque llevan bajo una importante presión financiera un tiempo", explicó Mónica DeBolle, economista del Peterson Institute de Washington y profesora la Universidad Johns Hopkins.
"Lo que probablemente ha pasado es que, además de los problemas internos, se ha sumado la presión adicional de la crisis de la migración venezolana y el efecto fiscal que conlleva", agregó.
El préstamo a Ecuador confirma el regreso de la institución financiera internacional, la punta de lanza de la ortodoxia de la economía de libre mercado, a una región en que los últimos años había apostado por políticas más izquierdistas.
En este sentido, el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) salió a criticar rápidamente el acuerdo, que calificó de "innecesario" y de "un garrotazo al pueblo ecuatoriano".
"Un acuerdo con el Fondo no es ningún logro, es sólo sometimiento", remarcó Correa en una entrevista con Efe en Bélgica, donde reside.
El tabú se rompió el pasado año cuando Argentina, el país latinoamericano con una relación más convulsa con el FMI tras el fallido plan de rescate de comienzos de siglo, recurrió a la institución.
De manera inesperada, el presidente argentino Mauricio Macri llamó a las puertas del Fondo en mayo del 2018 para solicitar un multimillonario préstamo, cuyo monto tuvo que ampliarse más tarde en septiembre a US$ 56,300 millones, en medio del desplome del peso y las dudas financieras de los mercados sobre la sostenibilidad económica.
El plan, por tres años de duración, exige agudos recortes en el gasto público por parte de Argentina para equilibrar las cuentas públicas.
Caso aparte es la profunda crisis de Venezuela, sobre la que la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, ha abierto ya la puerta a un programa de asistencia, aunque deberá ser solicitado previamente por el gobierno de Caracas.
Por ahora, el FMI no ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero al considerar al presidente Nicolás Maduro como un "usurpador" del cargo, y quien agravó la crisis política.
Hasta el momento, más de 50 países han reconocido a Guaidó como presidente encargado, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Colombia, así como la Unión Europea; mientras que otros como Rusia, China o México siguen considerando a Maduro como mandatario venezolano.
"Tendremos un trabajo monumental en nuestras manos (respecto a Venezuela), porque este es un país que no ha abierto sus puertas al FMI en los últimos 15 años", afirmó Lagarde la pasada semana, sin ofrecer más detalles.
Los analistas consultados cifran la ayuda necesaria para estabilizar la economía de Venezuela, que ha perdido el 50% de su PBI en los últimos cinco años y enfrenta una espiral de hiperinflación, en torno a los US$ 65,000 millones.
"Venezuela va a ser, creo, el mayor lío. Y hemos tenido una historia de grandes líos en Latinoamérica con el FMI. Pero Venezuela probablemente va a ser mucho mayor que cualquiera de los que hayamos vivido en el pasado", subrayó DeBolle.
La crisis venezolana es un problema que va más allá de sus fronteras y que está desbordando en la región, puesto que se calcula que más de 3 millones de personas han salido en los últimos años del país para escapar de la precaria situación económica.
DeBolle remarcó que si bien no ve "a otros países en el corto plazo recurriendo al FMI, porque no tienen problemas externos, sí que hay países que van a sufrir graves problemas fiscales", entre los que situó a Colombia, Perú y Brasil.
Lo cierto es que tras el fin del boom de los precios de las materias primas de la década pasada, la economía latinoamericana ha perdido impulso y, lo que parece más grave, no ha llevado a aprovechar la ocasión para llevar a cabo las reformas necesarias para lograr un crecimiento más sostenible y equilibrado.