Acuerdo de deuda de Argentina no promete salvación: D. Wainer

El Fondo Monetario Internacional y Argentina son como una pareja desdichada que trata de reparar un matrimonio roto. No importa cuántas veces decidan intentarlo de nuevo, el resultado final siempre es el mismo: promesas incumplidas y el resurgimiento de viejas disputas.

Una vez más, las dos partes están avanzando tímidamente hacia un acuerdo, el vigésimo segundo de su historia.

El pacto, que aún debe ser aprobado por el Congreso del país y el directorio del FMI, refinanciará más de US$40.000 millones en deuda pendiente proveniente del préstamo histórico del Fondo en 2018. A cambio, Argentina reducirá gradualmente su déficit fiscal y endurecerá su política monetaria para combatir la inflación.

El entendimiento inicial da a Argentina un respiro. Pero no prepara el camino para los cambios que necesita su economía, y mucho menos para mejorar la capacidad de Argentina a largo plazo para pagar su deuda. Si el Gobierno del presidente Alberto Fernández no establece un plan más claro para incentivar la inversión del sector privado, diversificar el foco de su economía en la agricultura y aumentar la base impositiva, Argentina está condenada a incumplir su deuda en el curso de esta década.

Mientras las dos partes regatean sobre la parte económica, el mayor problema es político. El FMI reconoce que cometió errores cuando entregó US$57.000 millones para apoyar el Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Gran parte del dinero se desperdició en un intento fallido de apuntalar el peso, dejando a Argentina con una enorme carga de deuda y poco que mostrar.

El FMI no tiene espacio para pedir mucho al Gobierno peronista de Fernández, cuya base política detesta la institución. La división política interna, conocida en Argentina como “la grieta”, indica por qué Fernández carecía del capital político para adoptar medidas más estrictas. Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, reconoció las bajas expectativas cuando declaró a la prensa que el Fondo tuvo que reconocer “las limitaciones de lo que se puede hacer en los próximos años”.

De hecho, Argentina se tambalea de crisis en crisis principalmente porque su disfunción política hace que los Gobiernos no puedan mantener plataformas económicas duraderas para recuperar la confianza de los inversionistas.

“Los mercados financieros no creen en Argentina”, dice Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas de Argentina.

La disfunción política fue evidente inmediatamente después de que el FMI y Argentina llegaron a un acuerdo. El diputado Máximo Kirchner, hijo de la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y líder de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, renunció en señal de protesta. Su madre, expresidenta de la nación, ha adoptado una postura dura frente a las recetas políticas del FMI. La oposición argentina, que ahora constituye el bloque más numeroso en el Congreso, dijo que apoyará el acuerdo y ganó puntos políticos al criticar la desunión de la coalición oficialista.

Ante la gran cantidad de deuda que vence este año, el FMI y Argentina, cuyas negociaciones son lideradas por el economista formado en Estados Unidos Martín Guzmán, han optado por salir del paso por ahora.

Los objetivos del acuerdo no son malos. El pacto busca asegurar tasas de interés reales positivas —muy necesarias para combatir una inflación que supera el 50%— y que el Gobierno equilibre su déficit fiscal primario, una medida necesaria para reducir su elevada relación entre la deuda y el PIB, que ronda el 100%. El FMI también ha señalado que espera que Argentina reduzca los subsidios a la energía.

Pero el acuerdo, cuyos detalles aún no se han hecho públicos, no establece una forma concreta de conseguirlo. La insistencia del Ministerio de Economía en que no se prevén recortes de gastos plantea dudas sobre cómo podría reducirse el déficit. Aunque el aumento de la recaudación fiscal en teoría podría disminuirlo, un descenso repentino de los precios de las materias primas, por ejemplo, dificultaría el cumplimiento de los compromisos por parte del país. Y cumplir con los recortes de gastos justo antes de las elecciones presidenciales de 2023 será una tarea difícil.

“En el mejor de los casos, veremos un cambio tentativo hacia un camino de políticas más favorables al mercado”, dijo Nikhil Sanghani, economista de mercados emergentes especializado en América Latina de Capital Economics, con sede en Londres.

Otra cuestión importante es cómo planea Argentina aumentar sus decrecientes reservas de divisas hasta los US$5.000 millones propuestos. El acuerdo no pide a Argentina que devalúe abruptamente su moneda, una medida que suele aumentar la cuenta corriente de un país al abaratar las exportaciones y hacer menos deseables las importaciones. Los controles de capital de Argentina han dado lugar a florecientes mercados negros en las calles de Buenos Aires, donde un dólar cuesta alrededor del doble del tipo de cambio oficial. Guzmán insiste en que no habrá un “salto” en el tipo de cambio. Es comprensible que a Argentina le preocupe que una gran devaluación provoque una inflación desenfrenada, como ocurrió con Macri. Pero demasiado gradualismo se interpondrá en el camino de una recuperación más rápida.

La cruda realidad es que, a menos que se produzca un verdadero milagro económico (no la muy criticada versión de un milagro de Joseph Stiglitz), Argentina tendrá dificultades para pagar a sus acreedores. Los rendimientos de los bonos argentinos reflejan este pesimismo. Aunque los rendimientos de los bonos con vencimiento en 2038 bajaron desde un máximo del 16,6% tras el anuncio del acuerdo, desde entonces han vuelto a subir hasta el 15,5%.

Willem Buiter, un economista que actualmente enseña en la Universidad de Columbia, sostiene que el FMI cometió un “enorme error de juicio” con su préstamo de 2018 y debería reconocer su error otorgando a Argentina un recorte de la deuda. Eso sentaría un mal precedente para otros países. Sin embargo, como medida inicial, el FMI debería reconsiderar el rechazo a la solicitud de Argentina de eliminar los altos recargos que tiene que pagar en su cuantioso préstamo.

Pero ese alivio solo alcanzaría hasta cierto punto. Las deficiencias de este acuerdo hacen que sea muy probable que Argentina, que en 2020 reestructuró US$65.000 millones en deuda de acreedores privados, vuelva a tocar las puertas de los prestamistas esta década.