El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, saluda a Camila Vallejo, exlíder estudiantil y quien formará parte de su gabinete como ministra de la Secretaría General de Gobierno. (Foto: Javier Torres / AFP)
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, saluda a Camila Vallejo, exlíder estudiantil y quien formará parte de su gabinete como ministra de la Secretaría General de Gobierno. (Foto: Javier Torres / AFP)

La ministra de la Secretaría General de Gobierno y portavoz del Ejecutivo chileno, Camila Vallejo, instó al Parlamento a votar con responsabilidad sobre el proyecto para autorizar un nuevo y “quinto retiro” de fondos de los planes de pensiones —que son privados en Chile— y advirtió que no pueden ser “agentes pasivos” frente al agudo problema de la inflación, que alcanzó un histórico 9.4% en los últimos doce meses.

“El llamado es la responsabilidad. La inflación en nuestro país es una realidad, el sobreendeudamiento es una realidad y a la inflación hay que combatirla, no podemos ser agentes pasivos de la inflación, se está viendo en ferias y supermercados, está golpeando a mujeres y familias trabajadoras, tenemos que frenarla”, enfatizó desde La Moneda, en Santiago.

El Congreso chileno comenzó este lunes la votación, con dos proyectos sobre la mesa para el posible retiro anticipado del 10% de los ahorros a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): uno, presentado por parlamentarios que no tiene restricciones en el uso del dinero que la población retiraría de las entidades privadas de su contribución a la pensión; y otro, enviado por el Gobierno la semana pasada, que acota el uso de los fondos y lo limita al pago de deudas y pensiones alimenticias.

“Proponemos esta medida alternativa para evitar que el día de mañana la familia que quizás pudo retirar dinero no tenga que enfrentarse a un alza inflacionaria mayor de la que enfrenta ahora, porque ese recurso que va a retirar, y que probablemente la deje en cero en su cuenta, estará en una situación de mayor agobio a fin de mes”, agregó la ministra

Desde la llegada del COVID-19, en marzo del 2020, se han aprobado otros tres retiros del 10% de los fondos, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de US$ 55,000 millones para las AFP, agencias que utilizan esas aportaciones obligatorias para invertir en productos financieros variables, y que han beneficiado al 95% de los 11 millones de afiliados.

Esa inyección de liquidez a la economía chilena, sumada a factores externos, dicen expertos, ha provocado un espiral inflacionario en Chile que a la fecha alcanza índices históricos, anotando un aumento de precios en bienes de primera necesidad de hasta 90% en algunos productos en un año.

A diferencia de la propuesta original de quinto retiro, la ideada por el Gobierno limita el uso de los recursos retirados al pago de pensiones alimenticias, saldo de deudas en servicios básicos, salud y créditos hipotecarios de la primera vivienda.

Votación en el Congreso

Durante la tarde, los parlamentarios sostendrán por quinta vez un debate en torno al retiro anticipado de pensiones, una propuesta que originalmente fue presentada como una medida de emergencia para amortiguar el golpe económico de la pandemia y cuya cuarta versión fue rechazada en la discusión legislativa por sus efectos adversos al aumentar la cantidad de circulante.

Según diversos reportes, el Gobierno ha intensificado sus gestiones para cuadrar al oficialismo en torno al rechazo del proyecto original, aunque no ha conseguido ordenar a todo el espectro.

Por su parte, la oposición de derechas advirtió de la posibilidad de votar a favor del quinto retiro, en tanto exigió al Gobierno una “propuesta de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones”.

El sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, que conforman la columna vertebral del mercado financiero chileno.

Miles de familias sin ahorros

En los últimos años, ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215,000 pesos (US$ 280) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol.

Los retiros, aunque han servido a las familias para vadear parte del impacto de la crisis económica que azota el país —azuzada por la pandemia— también han supuesto un empobrecimiento de la población, ya que muchos se han quedado sin ahorros.

A este respecto, la ministra chilena de Trabajo, Jeannette Jara, advirtió este fin de semana que “más de cuatro millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, dos millones no tienen ni un peso que retirar y los otros dos millones, son alrededor de 160 mil pesos lo que podrían retirar”.

La ministra indicó, por su parte, que el proyecto del Gobierno “es una alternativa responsable al quinto retiro y que busca hacerse cargo de cómo reconocemos que las familias efectivamente requieren apoyo, porque hay endeudamiento. Pero, por otro lado, cómo impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte para generar aún más inflación”.