Gobierno chavista reabre planta de Kellogg un día después de su cierre por la compañía

Las autoridades del gobierno chavista volvieron a poner en operación la planta que la empresa estadounidense Kellogg había cerrado 24 horas antes en Venezuela, dijo el gobernador del estado Aragua, el oficialista Rodolfo Marco, en un acto desde la fábrica transmitido por la televisora estatal.

El presidente Nicolás Maduro había ordenado públicamente en la víspera ocupar la única fábrica de cereales que operaba Kellogg en Venezuela, luego de que la compañía resolvió sorpresivamente cesar sus operaciones en medio de la crisis económica que afecta al país sudamericano.

Precisamente en esa planta, que amaneció el martes cerrada para impedir el paso de unos trabajadores sorprendidos por la noticia, el gobernador oficialista informó el miércoles de su reapertura acompañado de algunas personas que vestían el uniforme de la empresa estadounidense.

"No pasaron 24 horas y aquí estamos", dijo el gobernador Marco. "Vamos a dar inicio a la operatividad de la planta y podemos ver al fondo que tiene suficiente materia prima para una producción de aproximadamente tres meses", agregó.

Cuando la compañía estadounidense informó a través de un comunicado su salida del país, destacó la suspensión de la distribución de los productos elaborados en esa unidad y dijo que "a partir de ahora ningún producto Kellogg podrá ser comercializado en el país sin autorización expresa".

A raíz de la toma gubernamental, la empresa dijo a Reuters que no se hacía responsable de la seguridad de los trabajadores ni de la calidad de los productos y advirtió que "ejercerá las acciones legales disponibles" si hacen un uso indebido de sus marcas de cereales.

Las autoridades venezolanas ya han ocupado en otras ocasiones fábricas que abandonaron compañías extranjeras para intentar seguir produciendo.

En medio de una crónica escasez de alimentos y medicinas, las cajas de cereales de Kellogg son de las pocas marcas que aún se conseguían en supermercados del país.

Maduro tildó de ilegal el cierre de la unidad, donde según su equipo trabajaban 570 empleados, y amenazó a los dueños con ordenar su detención para enjuiciarlos.