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El Gobierno del Reino Unido admitió que su programa de detección y rastreo de contagiados de COVID-19 en Inglaterra viola la ley de protección de datos, si bien afirma que no hay pruebas de que la información obtenida se haya utilizado de manera “ilegal”.
El Ejecutivo reconoció por primera vez la irregularidad en una carta enviada el pasado 15 de julio -conocida este lunes- a la organización de defensa de la privacidad Open Rights Group (ORG), que amenaza con demandar a la Administración al considerar que el sistema ha estado operando ilegalmente desde su introducción el 28 de mayo.
Un portavoz del ministerio de Sanidad y Atención Social ha admitido este lunes que no se efectuó la evaluación requerida sobre el impacto en los datos personales del programa "Test and Trace" en la región de Inglaterra, que localiza a posibles contagiados del virus para pedirles que se aislen.
El portavoz insistió en que, aunque no se llevó a cabo el pertinente examen, “no hay pruebas” de que los datos obtenidos de los ciudadanos se hayan empleado de manera “ilegal”, y ensalzó las cualidades del programa en su misión de frenar la propagación del COVID-19.
El director de ORG, Jim Killock, dijo por su parte que el comportamiento del Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, es “temerario” y le acusó de “socavar la confianza” de los ciudadanos, clave para gestionar la pandemia, “operando un programa sin las salvaguardas básicas de privacidad”.
El Ejecutivo asegura que ahora trabaja con el Comisionado de Información, regulador de la protección de datos, para garantizar que los datos personales de los ciudadanos se tramitan conforme a la ley.