Temor en España por el alza de los alquileres

Charlie está sin aire. Este doctorando que rehúsa dar su apellido tuvo que correr desde su universidad en Madrid para visitar un apartamento, tras conocer la víspera que su casero quiere aumentar la habitación que le alquila de 340 a 450 euros mensuales en noviembre, al término del contrato.

Como él, más y más españoles se ven obligados a mudarse, sobre todo en Madrid y Barcelona, cuando sus alquileres se vuelven impagables.

"Personas que han vivido toda la vida en un barrio tienen que irse a barrios cada vez más periféricos para que se amolde a sus ingresos", denuncia Marta Montero, portavoz de una asociación por el derecho a la vivienda en Madrid.

En el segundo trimestre, los alquileres aumentaron un 15,6% interanual en España, según el portal inmobiliario Idealista. Y desde 2010, el incremento ha sido del 35% en Barcelona y el 30% en Madrid.

"Yo dejo un piso y, nada más dejarlo, me llega la oferta en Idealista y son cincuenta, cien euros más", cuenta Ángel Serrano, un asesor en Madrid.

- Promesa del gobierno -

El nuevo presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, prometió una ley de arrendamientos, cuyos detalles aún están por definir, pero que probablemente incluya alargar de 3 a 5 años la duración mínima de un contrato de alquiler.

La subida de los alquileres ocurre cuando España lucha aún por recuperarse de la crisis económica de 2008, agravada en el país por el estallido de una burbuja inmobiliaria que significó el desalojo de miles de familias endeudadas que compraron sus viviendas a crédito.

"El grueso de la población se ha refugiado en el alquiler por necesidad", explica Beatriz Toribio, directora de estudios del portal inmobiliario Fotocasa.

Símbolo extremo del problema, una empresa causó un escándalo en septiembre en Barcelona con una oferta de apartamentos "colmena", habitáculos de unos tres metros cuadrados por 200 euros al mes.

Según Eurostat, el 43% de los inquilinos españoles de alquiler privado dedicaron en 2016 más del 40% de sus ingresos al pago del arrendamiento, por encima del 28% de media en la Unión Europea.

Es el caso de Ruth Mélida. En abril, supo que su apartamento, en el que vive con su marido y dos hijos, aumentaría de 605 a 999 euros mensuales. Desde que se instaló allí en 2014, la que era una vivienda social fue comprada por un fondo de inversión y decenas de residentes se vieron obligados a partir.

"¿Qué hacemos la gente que no tenemos recursos? ¿Nos vamos a vivir al bosque?", se pregunta indignada esta mujer de 41 años que devenga un salario de 769 euros (900 dólares).

- Recuperación económica -

"Estamos viviendo una burbuja del alquiler", afirma Marta Montero, para quien los principales responsables son los fondos de inversión que han adquirido de los bancos miles de millones de euros en activos inmobiliarios embargados a familias insolventes.

Pero para Fernando Encinar, confundador y director de estudios de Idealista, hablar de burbuja es incorrecto ya que el alza de los alquileres no sería el resultado de la especulación sino de la recuperación económica iniciada en 2014.

España espera crecer este año un 2,7%, después de haberlo hecho por encima del 3% en los tres últimos años.

Según Encinar, "el precio no era real" hace unos años y respondía "a una situación de crisis". A partir de 2010, miles de propietarios prefirieron alquilar sus inmuebles en vez de vender, ya que no había compradores en un país donde la norma era tener vivienda propia.

Ante la escalada actual de precios, la alcaldía izquierdista de Madrid está dando la batalla a plataformas de alquiler turístico, acusadas de empujar al alza los arrendamientos. La alcaldía de Barcelona, de su lado, anima a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías.

Mientras, la izquierda radical de Podemos introdujo una propuesta de ley para regular los alquileres y prohibir el desalojo de inquilinos si estos no pueden ser reubicados.

Para los especialistas del sector, los controles no son la solución. Beatriz Toribio propone construir más viviendas sociales en un país donde estas representan tan solo el 2,5% del sector, según la fundación Housing Europe.

El gobierno dice querer construir 20.000 unidades de vivienda social entre cuatro y seis años.