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El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.
Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.
El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del ilegítimo presidente, Nicolás Maduro, por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social.
No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión. El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.
Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de 1,000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de Estados Unidos, que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.
Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina.
“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines del 2019 al promover un capitalismo salvaje”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de Estados Unidos, que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.
Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.
Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.
Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.
La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país.
Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en el 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$ 150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.
Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en el 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo.
Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en el 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales. Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del petróleo de Venezuela y en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.
Las condiciones para las empresas varían. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US$ 60 y US$ 80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.
No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.
Maduro, que ha reducido las asignaciones para algunos Gobiernos estatales y locales durante la crisis, les ha otorgado margen de maniobra para asociarse con empresas locales para generar ingresos. En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US$ 60,000 al mes para el Gobierno estatal.
El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Conindustria dijo que un total de 1,322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío fueron expropiadas entre el 2002 y 2015.
Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional del 2019.
Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda.
“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno”, dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.
“Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”.