Trump sataniza a inmigrantes pero se lucra de ellos

Por Timothy L O'Brien

"La tolerancia a la inmigración ilegal no es compasiva, es cruel". Presidente Donald Trump, discurso del Estado de la Unión, febrero 05 de 2019.

El Departamento de Seguridad Nacional se tambalea. El presidente Donald Trump ha arrasado a los líderes de la agencia y ahora está tratando de redirigir las atropelladas y brutales maniobras de su administración respecto a la inmigración.

A lo largo de la frontera sur de EE.UU., el presidente ha forzado un proyecto de vanidad, El Muro, a fin de sofocar una conversación más sofisticada y bipartidista sobre la política migratoria. La frontera misma –escenario de desgarradoras separaciones familiares, migrantes encerrados en jaulas y encadenados y por lo menos una visita de Trump durante la cual dijo a los guardias fronterizos que rompieran la ley y rechazaran a los refugiados en busca de asilo– está llena de miseria e incertidumbre.

El jueves en la noche, el Washington Post reportó que la Casa Blanca había intentado sin éxito forzar a los funcionarios de inmigración federales a transportar y dejar a los inmigrantes detenidos en las calles de las "ciudades santuario" en venganza a los oponentes políticos del presidente, incluida la presidente de la Cámara Nancy Pelosi.

Si bien el zar de Trump para la migración, Stephen Miller, es presuntamente el arquitecto de la política para las ciudades santuario y ha tenido un rol en la purga del Departamento de Seguridad Nacional, el presidente no dejó duda de quién considera que el público debe creer tiene la última palabra en política migratoria durante su mandato.

"Stephen es un tipo excelente. Una persona maravillosa", dijo Trump cuando se le preguntó si el ascenso de Miller significaba que el asesor estaba liderando la política migratoria federal. "Francamente, solo una persona la dirige. ¿Saben quién? Yo".

Es una declaración interesante para analizar, teniendo en cuenta que los recientes e importantes debates sobre los horrores en la frontera sur han eclipsado un flujo continuo de excelentes informes sobre el grado en que la compañía del presidente, la Organización Trump, depende de trabajadores inmigrantes con poca –o ninguna– documentación.

No es poca cosa. Los hoteles de la Organización Trump, sus edificios residenciales y sus campos de golf han contratado inmigrantes para manejar tareas no especializadas pero cruciales que mantienen el negocio de la familia andando. Entonces, veamos algunos de esos informes.

En diciembre, el New York Times contó la historia de Victorina Morales, una inmigrante indocumentada que había trabajado más de 5 años en Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey.

Morales "ha tendido la cama de Donald J. Trump, ha limpiado su baño y ha sacado el polvo de sus trofeos de golf de cristal", señala el artículo. Le dijo al periódico que había cruzado a EE.UU. ilegalmente en 1999 y, al igual que otros empleados en el club, usaba documentos falsos para demostrar su autorización para trabajar.

El Times anotó que no existe ninguna evidencia de que el presidente o su compañía supiera del estatus migratorio de Morales y sus compañeros de trabajo. Los supervisores en el club lo saben, sin embargo, y ayudaban activamente a los trabajadores inmigrantes a evitar la detección para que pudieran conservar sus trabajos.

En enero, el Times informó que una extrabajadora del club Bedminster, también indocumentada, dijo que su nombre había sido borrado de una lista de empleados del lugar cuando los administradores se dieron cuenta de que necesitaba evadir al Servicio Secreto de EE.UU. (que estaba realizando una revisión de seguridad antes de una visita presidencial).

Más recientemente, el Times encontró problemas similares con trabajadores inmigrantes del club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach. En ese caso, sin embargo, un gran número de trabajadores ya estaban en proceso de salida puesto que la administración estaba preocupada por sus problemas de documentación.

En enero, el Washington Post reportó que en otra propiedad de Trump, Trump National Golf Club en Westchester County, Nueva York, estaba sacando a docenas de trabajadores inmigrantes por publicidad sobre su documentación falsa.

La empresa, señala el Post, "contaba con los trabajadores inmigrantes, incluso mientras el presidente exigía un muro fronterizo para mantener a esos inmigrantes afuera"."Estamos haciendo un amplio esfuerzo por identificar a cualquier empleado que haya proporcionado documentación falsa o fraudulenta para obtener empleo ilegalmente. Dónde sean identificados, se les despedirá inmediatamente" dijo al Post el hijo del presidente, Eric, sobre los problemas en Westchester.

"Mi padre está luchando muy duro por una reforma migratoria. El sistema está averiado".

Está tan averiado que los Trump decidieron llevar a cabo lo que parece haber sido una arrasador despido de trabajadores indocumentados en cinco de sus campos de Golf en Nueva York y Nueva Jersey, ocurridos después de que los periódicos empezaran a reportarlos. Está tan averiado que el cuidador de un campo de tiro copropiedad de Eric y su hermano, Donald Jr., en el norte del estado de Nueva York también era un trabajador indocumentado.

El Post identificó recientemente un solo pueblo en Costa Rica, Santa Teresa de Cajon, que básicamente se convirtió en una fuente de trabajadores indocumentados contratados para proporcionar los tan necesarios servicios a la propiedades de Trump.

"Algunos de los trabajadores describieron a Bedmister como su plataforma para comprar casas y empezar negocios", señaló el Post sobre uno de los campos de Trump. "Otros lo recuerdan como un trabajo pesado bajo las órdenes de jefes exigentes, incluso intolerantes, quienes a menudo usaban el estatus ilegal de los trabajadores en su contra".

A pesar de todo el cubrimiento, no parece haber mucho escrutinio federal sobre las prácticas laborales en las propiedades de Trump. El Comité hispano del Congreso criticó recientemente al Departamento de Seguridad Nacional (la misma organización que Trump ha estado purgando) por su falta de investigación profunda sobre los trabajadores indocumentados de la Organización Trump.

También le pidió al gobierno federal proteger a los empleados despedidos de las propiedades de Trump, pidiendo que no fueran deportados y que se les considere testigos en posibles delitos.

¿Y cuáles son las probabilidades de que el Departamento, ahora en manos de Stephen Miller y el presidente, investigue las propiedades del presidente? Exacto. Es solo otro de los recordatorios de la nube de conflictos de intereses financieros que se ha cernido sobre la presidencia de Trump desde su posesión.

Anibal Romero, abogado en Newark, Nueva Jersey, especializado en derecho migratorio y civil, representa a 37 personas que fueron empleados indocumentados en las propiedades de Trump. Elogia a sus clientes por tener el valor de enfrentarse a la compañía del presidente, pero le preocupa la falta de compromiso federal con sus angustias.

"Me sorprende la evidente hipocresía de la retórica de Trump cuando sataniza a los inmigrantes a la vez que se lucra de ellos", me dijo Romero. "Necesitamos una investigación por parte de las autoridades federales, incluido el Congreso".