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México se quejó con Estados Unidos por la falta de aplicación de las leyes laborales en la industria agrícola y en el procesamiento y empacado de alimentos por parte de empresas estadounidenses.
La queja del gobierno mexicano se dio poco después de que Washington usó por primera vez el mecanismo de “respuesta rápida” del Tratado de Libre Comercio (TLC) para solicitar a las autoridades mexicanas una revisión de la situación de los trabajadores de una planta de General Motors (GM) que denunciaron violaciones laborales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los reclamos mutuos en materia laboral que se han dado en las últimas 24 horas representen el surgimiento de tensiones entre Washington y México y dijo, durante su conferencia matutina, que su gobierno estará pendiente “para que no se abuse” de los mexicanos que laboran en los sectores agrícola y de procesamiento de alimentos en Estados Unidos.
México hizo efectivo el reclamo a través de su embajador en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, quien envió una misiva al secretario de Trabajo estadounidense, Martin J. Walsh, en la que expresó la inquietud por la “falta de aplicación de leyes laborales” en la industria agrícola y en el procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en un comunicado.
El gobierno mexicano sostiene que aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a los trabajadores, en “la práctica factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”, señala el escrito.
Entre las omisiones en las que estarían incurriendo los empleadores estadounidenses se mencionan la exclusión de los trabajadores agrícolas del pago de tiempo extraordinario, el pago de salario mínimo y el derecho a organizarse y negociar colectivamente. También el incumplimiento de los protocolos de descanso y las medidas de seguridad y salud por el COVID-19. Asimismo, la falta de acceso de los trabajadores indocumentados a ciertos recursos legales como la reinstalación o el pago de salarios caídos y la desatención de los casos de violencia y acoso sexual.
México propuso en la misiva a Estados Unidos crear un espacio de cooperación en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para atender la “no aplicación de las leyes laborales” en determinados sectores y estados.
La máxima enviada comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, usó la víspera el mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC para solicitar a México que revise si a los trabajadores de la planta de GM en la ciudad de Silao, del estado central de Guanajuato, se les estaba negando su derecho a la libre asociación y negociación colectiva.
En relación a esa solicitud López Obrador afirmó el jueves que ya se había dado respuesta al caso con la decisión que tomó esta semana la Secretaría del Trabajo de anular la votación sindical en la planta de Silao.
Las autoridades laborales mexicanas anularon la votación de abril de la planta de General Motors, luego de detectar “irregularidades graves” en el procedimiento y ordenaron reponer el proceso en un plazo de 30 días.
La votación fue una prueba para el compromiso de México con la implementación de nuevas elecciones de representación sindical, las cuales son requeridas como parte del T-MEC. México acordó en el tratado reformar sus leyes laborales para garantizar votaciones secretas sobre representación sindical y contratos.