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El presidente Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden han intercambiado fuertes ataques sobre una larga lista de políticas, desde las relaciones internacionales hasta la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, la brecha puede ser mayor en el tema de los derechos civiles. Biden y Trump no solo tienen ideas legislativas en competencia sobre cómo abordar la discriminación y la desigualdad, sino que ofrecen explicaciones marcadamente diferentes de sus causas.
Como resultado, los dos candidatos proponen agendas opuestas sobre algunos de los temas más polémicos. Estas son cuatro áreas de política en juego en las elecciones del 3 de noviembre:
Inmigración
Una semana después de prestar juramento, Trump firmó una orden ejecutiva que prohibió a casi todos los ciudadanos de siete países en su mayoría musulmanes ingresar a EE.UU. durante 90 días y prohibió la entrada a todos los refugiados de la guerra civil siria. La orden original fue bloqueada en un tribunal federal. Pero en junio del 2018, la Corte Suprema de EE.UU. sostuvo una versión revisada de la prohibición de Trump que incluía a algunas naciones de mayoría no musulmana, rechazando los argumentos de que atacaba injustamente a los musulmanes.
El presidente continuó implementando políticas más agresivas para frenar la inmigración indocumentada que algunos de sus predecesores. En 2018, Trump adoptó un enfoque de “tolerancia cero” para los cruces fronterizos ilegales, una política que incluía separar a miles de niños de sus familias. Si bien la práctica terminó en medio del rechazo público, más de 500 niños en la frontera entre Estados Unidos y México aún no se han reunido con sus familias, según un informe reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Biden ha prometido crear un grupo que trabaje para reunir a los niños migrantes separados con sus padres.
Otras propuestas controvertidas que la Administración Trump ha tratado de implementar incluyen poner una pregunta sobre ciudadanía en el censo de EE.UU. 2020 y la finalización de un programa que protegía a miles de jóvenes inmigrantes indocumentados, o “Dreamers”, de la deportación. En ambos casos, la Corte Suprema rechazó las nuevas reglas.
El alto asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo a NBC News esta semana que la Administración Trump continuaría su estrategia de inmigración en un segundo mandato limitando las concesiones de asilo, recortando las visas para trabajadores altamente calificados y expandiendo la prohibición de viajar.
Acción afirmativa y diversidad
La Administración Trump ha tratado de frenar algunos esfuerzos para crear lugares de trabajo y cuerpos estudiantiles más equitativos y racialmente diversos.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda contra la Universidad de Yale, en la que alega que discrimina a los candidatos blancos y asiático-americanos en las admisiones de pregrado al favorecer a los solicitantes negros e hispanos. Eso se produjo dos años después de que el Departamento de Justicia apoyara una demanda separada que impugnaba el uso de la raza en Harvard para las admisiones. Un juez federal se puso del lado de Harvard el año pasado, y los demandantes apelaron el fallo.
La Administración Trump también ha apuntado a la capacitación en sensibilidad racial. El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias federales, los contratistas gubernamentales y las fuerzas armadas realizar capacitaciones sobre diversidad que incluyan “conceptos divisivos”, como la idea de que EE.UU. es inherentemente sexista o racista, o que las personas pueden ser “inherentemente racistas, sexistas u opresivas, ya sea consciente o inconscientemente”.
La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y otros grupos de derechos civiles han presentado una demanda para bloquear la orden de Trump, diciendo que viola la libertad de expresión.
Derechos LGBTQ
La Administración Trump ha hecho varios intentos de restringir los derechos de la comunidad LGBTQ, a menudo abriendo la puerta a extensos desafíos legales. En el 2017, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, rescindió la orientación administrativa de Obama que aclara las responsabilidades de las escuelas para asegurar que los estudiantes tuvieran acceso a instalaciones sanitarias y vestuarios que coincidan con su identidad de género. En junio, el Departamento de Justicia defendió una regla de Idaho que prohibía a los atletas transgénero competir basándose en su identidad de género.
La Casa Blanca recibió un golpe en junio, cuando la Corte Suprema determinó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los trabajadores homosexuales y transgénero de la discriminación laboral, rechazando el argumento de la Administración de que el Congreso no redactó la ley para incluir la orientación sexual.
El fallo extendió las protecciones a más de la mitad de los 8.1 millones de trabajadores LGBT del país que viven en estados que no los protegen de la discriminación, aunque la decisión eximió a las pequeñas empresas.
Biden ha elogiado el fallo de la Corte Suprema, diciendo que “todo el mundo debería poder vivir abiertamente, con orgullo, como su verdadero yo sin miedo”. El candidato demócrata se ha comprometido a aprobar la Ley de Igualdad, que prohíbe la discriminación contra las personas LGBTQ en la vivienda, el empleo y los alojamientos públicos.
Acceso al aborto
A principios de este año, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en dirigirse en persona a la manifestación contra el aborto Marcha por la Vida, donde promocionó sus exitosas nominaciones de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Los magistrados, junto con la jueza recientemente confirmada Amy Coney Barrett, son considerados por muchos como dispuestos a erosionar Roe v. Wade, el caso de la Corte Suprema de 1973 que legalizó el aborto.
Dejando a un lado la Corte Suprema, otro mandato de Trump podría ver más limitaciones en el acceso al aborto para las mujeres. En enero, la Administración Trump amenazó con recortar los fondos federales para California si no eliminaba un requisito estatal de que las aseguradoras privadas de atención médica cubrieran el aborto.
Hace dos años, la Administración Trump trató de frenar los abortos cambiando el Programa Title X Family Planning, que otorga subvenciones a organizaciones de atención médica que atienden a personas de bajos ingresos. Bajo el Gobierno de Trump, a los beneficiarios de las subvenciones se les prohibió referir pacientes para abortos. La orden ha sido impugnada en los tribunales, que hasta ahora han emitido fallos dispares.
Biden ha prometido rescindir la regla de Trump y emitir una directriz de que los estados no pueden rechazar los fondos de Medicaid para Planned Parenthood y otros proveedores de servicios de aborto.