(Foto referencial: AFP)
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El jefe de la Unión Postal Universal (UPU) predijo una “desorganización total” de los envíos internacionales a si se retiran de esta agencia de la ONU, cuyas reglas son consideradas por Washington demasiado favorables a países como

Los Estados miembro de la UPU se reúnen en un congreso extraordinario en Ginebra para tratar de evitar ese escenario, debido a que Estados Unidos anunció hace un año, en medio de las tensiones comerciales con China, que comenzará el proceso de retirada de esa agencia.

"Una salida de Estados Unidos significaría una desorganización total de los servicios (postales) hacia el país", declaró el director general de la UPU, Bishar Husein.

"Si Estados Unidos se va, habrá pilas (de paquetes), porque cada país se tendrá que encontrar una forma de enviar correo a Estados Unidos y el sistema tradicional será completamente bloqueado", añadió.

El funcionario insistió en que una "gran desorganización" se perfila en un momento en que el comercio electrónico se multiplica. No obstante, dijo tener "esperanzas" de que los países hallarán una solución.

El tiempo apremia, pues el proceso de retirada dura un año, lo que significa que llega a término el 17 de octubre.

Estados Unidos advirtió el año pasado que se proponía adaptar sus propias tarifas postales en sus fronteras a más tardar el 1 de enero del 2020. Pero, dijo que la retirada podría ser reversible si prosperan las negociaciones.

Esta agencia de la que tiene su sede en Berna, Suiza, prevé que el país de destino sea reembolsado por el país de expedición de los gastos incurridos para prestar el servicio correspondiente a la distribución.

Por lo tanto, la UPU fija tasas (denominadas tasas de remuneración) que los correos de cada país transmiten para la entrega de correos y pequeños paquetes en todo el mundo.

Como la UPU clasifica a los países en cuatro grupos de desarrollo económico y postal, los países pobres y en desarrollo, incluida China (que está en el tercer grupo), se benefician de tasas más bajas que los países ricos de Europa y Norteamérica.

Según Washington, este sistema cuesta a Estados Unidos entre US$ 300 millones y US$ 500 millones al año (entre 273 millones y 455 millones de euros).

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