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Una magistrada del norte de California le ordenó al gobierno de Estados Unidos que responda un recurso de hábeas corpus que presentó el expresidente peruano Alejandro Toledo alegando que permanece detenido ilegalmente, su más reciente intento por evitar la extradición y enfrentar acusaciones de corrupción en Perú.
La jueza Laurel Beeler requirió el lunes por la noche al alguacil Donald O’Keefe que responda a la petición de Toledo antes del 18 de noviembre y dijo que el expresidente tendrá luego plazo hasta el 16 de diciembre para a su vez responder los alegatos de los alguaciles.
O’Keefe es responsable del servicio de alguaciles en el norte de California y como tal tiene bajo su supervisión el arresto domiciliario de Toledo, ordenado por otro juez federal.
Los alguaciles son designados por los presidentes estadounidenses y están encargados de ejecutar las órdenes judiciales, proteger los tribunales federales, las investigaciones criminales y otras actividades policiales. A veces suelen también tomar decisiones sobre políticas de seguridad e implementar nuevos programas.
Otro juez federal, Thomas Hixon, certificó la extradición de Toledo a fines de septiembre, pero mientras el Departamento de Estado decide qué hará, el expresidente presentó un recurso de hábeas corpus para obstaculizar su repatriación.
Desde el 2018 Perú busca la extradición del expresidente, que fue detenido en Estados Unidos por ese pedido en el 2019.
El recurso de habeas corpus no frena automáticamente la extradición ya que aun cuando ha sido presentado ante la justicia el Departamento de Estado podría decidir deportar de todas maneras a Toledo, algo que algunos expertos consultados por The Associated Press dijeron que es poco probable.
La certificación que Hixon hizo de la extradición no puede ser apelada, pero con el hábeas corpus Toledo extiende los tiempos y hasta podría conseguir que otro juez acepte su alegato de que fue detenido sin causa.
El proceso judicial podría demorarse meses, o incluso años, ya que las decisiones de los jueces sobre el hábeas corpus sí pueden ser apeladas por cualquiera de las partes en tribunales de mayor jerarquía.
Recientemente el juez Hixon ordenó que Toledo permanezca en detención domiciliaria, desechando un pedido del gobierno para que vuelva a la cárcel. El expresidente, de 76 años, ha expresado que tiene un estado de salud delicado y podría enfermarse de COVID-19 si vuelve a la prisión.
En el hábeas corpus del 28 de octubre Toledo dice que Perú nunca lo ha acusado formalmente de ningún delito. En cambio, sostiene, las autoridades peruanas se quedaron en la fase preliminar de la investigación del caso y el acuerdo entre Estados Unidos y Perú prohíbe la extradición de personas que no han sido acusadas formalmente.
Toledo asegura que tampoco Perú ha presentado ninguna Orden de Enjuiciamiento, otro de los documentos requeridos para la extradición. En el hábeas corpus sus abogados aseguran que el expresidente es inocente y que no fue él quien aceptó sobornos de la compañía brasileña Odebrecht sino el fallecido ciudadano israelí Josef Maiman, quien habría recibido el dinero actuando falsamente en nombre de Toledo.
En su orden de tres párrafos la jueza Beeler explicó que una extradición puede ser disputada en las cortes federales a través de un pedido de hábeas corpus y el tribunal “debe otorgar el recurso o emitir una orden pidiéndole al demandado (en este caso el alguacil O’Keefe que representa al gobierno de Estados Unidos) que fundamente por qué el recurso no debería ser concedido, a menos que de la solicitud se desprenda que el solicitante o la persona no tiene derecho a ello”.
La magistrada dijo también que podría fijar una audiencia para escuchar los alegatos de ambas partes.
Los fiscales peruanos afirman que durante su gobierno (2001-2006), Toledo habría recibido hasta US$ 35 millones de Odebrecht para favorecerla en obras de infraestructura.
En el recurso de hábeas corpus, el expresidente admitió que Odebrecht pagó al menos US$ 34 millones en sobornos, pero aseguró que él desconocía esos pagos y que tampoco dio a Odebrecht ningún trato preferencial.
De acuerdo con su defensa, las pruebas del caso demuestran que Maiman se quedó o gastó los millones que Odebrecht pagó, con la excepción de unos US$ 500,000 que le prestó a Toledo para que pagara sus hipotecas.