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Más de una decena de fiscales generales de Estados Unidos que se oponían a la bancarrota de la farmacéutica Purdue Pharma, una de las mayores responsables de la crisis de los opiáceos en el país, han acordado darle luz verde a cambio de que sus propietarios revelen “millones de documentos” y paguen más.
Según documentos publicados este miércoles por la noche en el tribunal de bancarrotas de White Plains (Nueva York) donde se dirimen los planes de reorganización de la farmacéutica, 15 fiscales de Estados Unidos alcanzaron gracias a la mediación un acuerdo con la empresa y la familia Sackler, su propietaria, con el que cejan en su oposición.
La fiscal de Nueva York, Letitia James, en una videoconferencia este jueves, explicó que el acuerdo principalmente permite “cerrar Purdue Pharma y poner fin a la capacidad de la familia Sackler para volver a fabricar opioides”, eleva la multa que pagarán y da lugar a una “divulgación pública sin precedentes”.
Purdue Pharma es señalada como una de las grandes responsables de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos que ha matado a cerca de medio millón de personas, pero desde que se acogió a la Ley de Quiebras en el 2019 ha evitado enfrentamientos con la Justicia a los que sí han estado sujetas otras rivales del sector.
“Se han aprovechado de las leyes de bancarrota: han utilizado cada retraso y táctica posible para protegerse de rendir responsabilidad por su mala conducta, y es perturbador”, dijo James, que acusó a la empresa de esconderse en “agujeros legales” pero justificó el pacto en la necesidad de ayudar a la comunidad.
“Aunque este acuerdo no es perfecto, vamos a llevar US$ 4,500 millones a comunidades devastadas por los opioides con un calendario acelerado y sacaremos de una vez por todas del negocio de los opioides a uno de los traficantes de drogas más dañinos de nuestra nación”, agregó.
En concreto, se requiere a los Sackler pagar US$ 4,325 millones durante los próximos nueve años, que irán destinados a compensar a “miles de víctimas individuales” de la crisis sanitaria, además de otros US$ 175 millones en activos para un fondo nacional que combate esta lacra.
Por otra parte, la resolución “aportará luz a las actividades de Purdue y los Sackler al hacer públicos más de 33 millones de documentos” de las últimas dos décadas que incluyen comunicaciones con el regulador del fármaco de Estados Unidos sobre la aprobación de OxyContin e informaciones antes amparadas en el privilegio abogado-cliente.
La fiscal de Massachusetts, Maura Healey, presente en el evento, dijo que el trabajo de este grupo de fiscales antes opuestos a la bancarrota de Purdue era “reconocer lo que las familias necesitan”, y aplaudió haber conseguido introducir en el acuerdo “una divulgación completa, con transparencia y revelación de secretos”.
No obstante, siguen oponiéndose cerca de otra decena de estados, entre ellos el de Connecticut, cuyo fiscal, William Tong, declaró este jueves que “se ha hecho progreso, especialmente en cuanto al depositorio de documentos públicos, pero el plan está lejos de suponer justicia”.
El nuevo plan de bancarrota, con las condiciones anunciadas hoy por los fiscales, sigue pendiente de aprobación por el tribunal, pero al tener cada vez más consenso podría salir adelante este mismo mes, según medios especializados.
Mientras tanto, en el estado de Nueva York se está celebrando un megajuicio contra varias farmacéuticas también acusadas de contribuir a la epidemia en el que no está presente Purdue Pharma ni otra de las grandes, Johnson & Johnson, que acordó con la fiscal James una multimillonaria multa y dejar de vender su fármaco antes del proceso.