Estados Unidos permite demandas contra 200 empresas por propiedades expropiadas en Cuba

El Gobierno de Estados Unidos anunció que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.

La acción de Estados Unidos tiene un gran contenido simbólico y podría elevar la hostilidad bilateral, pero no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de Estados Unidos.

En un comunicado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro.

Sin embargo, Pompeo incluyó una excepción: a partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba".

Esa "lista negra" incluye entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado.

En el listado, actualizado por última vez en noviembre del 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.

En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.

Ante esta situación, Estados Unidos ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa "lista negra"; pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad, detalló a la prensa una alta funcionaria del Departamento de Estado.

Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La batalla concluyó con el compromiso de Estados Unidos de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.

En 1996 la presión de terceros países frenó la aplicación del título III, pero esta vez la decisión de Estados Unidos solo afecta a empresas cubanas, por lo que es difícil que se repita ese escenario.

Según la funcionaria, Estados Unidos ha tenido en cuenta "las preocupaciones" de sus "aliados" de la Unión Europea y continuará dialogando con ellos sobre la relación con Cuba.

No obstante, la funcionaria insistió en que el objetivo es aumentar la presión sobre el Gobierno cubano.

"Esta es la primera vez que Estados Unidos está incluyendo una excepción al título III. Queda muy claro con nuestra acción que hacemos responsable al régimen cubano de la confiscación de propiedades y que nos aseguraremos de que hay Justicia para los afectados estadounidenses", subrayó.

En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del título III permitiría que se interpusieran entre 75,000 y 200,000 demandas ante cortes de Estados Unidos; pero como la decisión de hoy tiene un alcance más limitado, el número de denuncias será mucho menor.

En opinión del profesor William LeoGrande, de la American University de Washington, se trata "en gran medida de un gesto simbólico", ya que las compañías cubanas se negarán a pagar indemnizaciones y Estados Unidos no tiene poder para hacerles cumplir una eventual sentencia en su contra.

"Dudo mucho que los cubano-estadounidenses vayan a pagar el dinero para la demanda y vayan a reunir toda la documentación necesaria para probar su caso, cuando hay pocas probabilidades de cobrar una indemnización", dijo LeoGrande.

Los exiliados cubanos de clase alta, algunos de los cuales ahora son ciudadanos de Estados Unidos y viven en Miami (Florida), han reclamado durante mucho tiempo la activación del título III con la esperanza de poder recuperar las fortunas que les fueron expropiadas tras la revolución cubana, hace 60 años.

La nueva suspensión del título III entra en vigor el 19 de marzo y expirará un mes después, es decir, el 17 de abril, momento en el que Pompeo evaluará si la prorroga en base a dos criterios: los "intereses nacionales" de Estados Unidos y la posibilidad de acelerar una "transición a la democracia" en Cuba.