(Foto: EFE)
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El Departamento de Justicia de desafió la ley electoral de por infringir los derechos de los votantes negros, en el inicio de una campaña contra una ola de iniciativas estatales que, según dicen, buscan reducir el acceso a las urnas.

La ley de Georgia, que también prohíbe la distribución de agua o alimentos a las personas que esperan en largas filas en los lugares de votación, es una de las cientos de nuevas medidas aprobadas por las legislaturas estatales controladas por los republicanos este año, impulsadas por las falsas afirmaciones del expresidente de que su derrota en las elecciones de noviembre fue el resultado de un fraude.

“Esta demanda es el primero de muchos pasos que estamos dando para asegurar que todos los votantes elegibles puedan emitir su voto”, dijo el fiscal general, Merrick Garland, en una conferencia de prensa. “Estamos analizando nuevas leyes que buscan frenar el acceso de los votantes y cuando veamos violaciones de la ley federal, actuaremos”.

Después de que una amplia reforma electoral patrocinada por los demócratas fuera derrotada esta semana en el Senado, el presidente Joe Biden prometió tomar otras medidas para proteger los derechos de voto.

El departamento ofrecerá también nuevas orientaciones sobre las auditorías postelectorales, tras una ola de desafíos a los resultados del 2020 por parte de los partidarios de Trump, y dará nuevas directivas al FBI y a los fiscales federales para procesar las amenazas a los trabajadores electorales.

“Estamos viendo un aumento dramático en amenazas violentas, que van desde los más altos administradores hasta los trabajadores electorales voluntarios”, dijo Garland.

Los gobernadores republicanos de Arizona, Florida e Iowa también firmaron nuevas restricciones al voto este año, mientras que las legislaturas estatales de Pensilvania y Texas están tratando de promover medidas similares. Esos estados serán un campo de batalla en las elecciones de mitad de periodo del próximo año, que determinarán el control del Congreso.

La ley de Georgia, firmada por el gobernador Brian Kemp el 25 de marzo, endureció los requisitos de identificación para votar en ausencia, restringió el uso de las urnas postales y permitió que una agencia estatal controlada por los republicanos se hiciera cargo de las operaciones de votación local.

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