(Foto: AP)
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El gobierno de puso fin a dos políticas del gobierno del presidente que les dificultaban a los inmigrantes que huyen de la violencia el obtener asilo, especialmente a los centroamericanos.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, emitió nuevas instrucciones a los jueces de inmigración para que dejen de aplicar las reglas de la era de Trump que les dificultaban a los inmigrantes que enfrentan violencia intrafamiliar o de pandillas conseguir asilo en Estados Unidos.

También canceló una política que les complicaba a los inmigrantes obtener asilo basándose en el hecho de que algún familiar hubiese sido blanco de amenazas.

Las medidas podrían facilitarles a los inmigrantes ganar sus casos para recibir protección humanitaria, y fueron ampliamente celebradas por activistas.

“La trascendencia de esto es enorme”, declaró Kate Melloy Goettel, directora jurídica para litigación en el grupo sin fines de lucro American Immigration Council. “Esta fue una de las peores decisiones antiasilo de la era de Trump, y este es un primer paso realmente importante para revertir eso”.

Garland dijo que está efectuando los cambios luego de que el presidente Joe Biden le ordenó a su oficina y al Departamento de Seguridad Nacional que preparasen reglas para lidiar con asuntos complejos de la ley de inmigración acerca de grupos de personas a las que debería otorgárseles asilo.

Gene Hamilton, un creador clave de muchas de las políticas de inmigración de Trump que trabajó en el Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que creía que los cambios propiciarán un aumento en las solicitudes de asilo de inmigrantes basadas en asuntos de delincuencia, y que eso no debería ser una razón para concederles la protección humanitaria.

Los cambios emprendidos por el gobierno de tienen lugar en un momento en que las autoridades de inmigración han difundido cifras inusualmente altas de encuentros con inmigrantes en la frontera sur.

En abril, las autoridades fronterizas registraron el número más alto de encuentros en más de 20 años, aunque muchos de los inmigrantes estaban reintentando entrar después de haber sido expulsados previamente con base en una facultad especial relacionada con la pandemia. El número de niños que cruzan la frontera sin un adulto también ha alcanzado máximos históricos.

Muchos centroamericanos llegan a la frontera huyendo de la violencia de las pandillas en sus países. Pero no es fácil cumplir los requisitos para recibir asilo bajo las leyes federales de inmigración, y las políticas de la era de Trump lo dificultaban aún más.

Más de la mitad de los casos de asilo decididos en las cortes de inmigración en el año fiscal 2020 fueron denegados, según estadísticas de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Cuatro años antes, la proporción era de aproximadamente uno de cada cinco casos.

En el año fiscal actual, personas provenientes de países como Rusia y Camerún han registrado tasas mayores de asilos concedidos en las cortes de inmigración en comparación con las de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, de acuerdo con las estadísticas.

Una de las políticas del gobierno de Trump afectaba a los migrantes que huían de la violencia de actores no estatales, como pandillas, y la otra a quienes se consideraban posibles víctimas en sus países por sus vínculos familiares, dijo Jason Dzubow, abogado de inmigración en Washington que se dedica a asuntos de asilo.

Dzubow dijo que representó en fecha reciente a una familia salvadoreña en la que el esposo fue asesinado y pandilleros comenzaron a amenazar a los hijos de la víctima. Aunque Dzubow alegó que estaban en peligro debido a sus vínculos familiares, señaló que el juez de inmigración les denegó el asilo, y entre las razones para ello mencionó la decisión de la era de Trump.

Dzubow celebró los cambios de Garland, pero dijo que no prevé ver repentinamente que un gran número de centroamericanos ganen sus casos de asilo, lo cual continúa siendo difícil bajo la ley estadounidense.

“No preveo que ello vaya a abrir las compuertas, y que súbitamente todas las personas provenientes de América Central puedan ganar sus casos. Esos asuntos son muy engorrosos y difíciles”, señaló. “Necesitamos tomar una decisión: ¿Queremos proteger a estas personas?”