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Nada ilustra mejor la dificultad de la reforma migratoria que la situación de los cientos de miles de inmigrantes indocumentados, conocidos como dreamers, que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
Años de inacción del Congreso han dejado a estos migrantes sujetos a fallos judiciales caprichosos que amenazan con obligar a algunos de ellos a abandonar el único país que han conocido, por lo que el presidente Joe Biden debe presionar a los legisladores para que lleguen a un acuerdo que proteja a los dreamers ahora. Con el cambio de control del Congreso que se avecina, puede que no tengan otra oportunidad.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA por sus siglas en inglés) fue creado en 2012, mediante una orden ejecutiva del presidente Barack Obama. Protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos al país antes de los 16 años, permitiéndoles estudiar y trabajar legalmente en Estados Unidos y renovar su estatus cada dos años.
Desde su creación, el programa ha acogido a más de 800,000 adultos jóvenes —al menos un tercio de los cuales han estado en Estados Unidos desde los 5 años— y ha beneficiado al país completo. Los hogares con DACA pagan US$ 6,200 millones al año en impuestos federales y US$ 3,300 millones en impuestos estatales y locales.
A pesar de esas contribuciones, los beneficiarios de DACA siguen sin tener claro su estatus legal y si se les permitirá permanecer en Estados Unidos. En 2020, la Corte Suprema dio a los inscritos un respiro temporal al bloquear el intento del presidente Donald Trump de poner fin al programa, al tiempo que permitió que continuaran los recursos judiciales contra el mismo.
El mes pasado, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 5º Circuito declaró ilegal el DACA y devolvió el caso a un juez de distrito de Texas que había anulado previamente la orden ejecutiva original de Obama. Si el juez falla en contra de la norma actualizada de DACA de Biden, algunos inscritos perderán inmediatamente su derecho a trabajar y volverán a estar sujetos a una posible deportación.
Este resultado sería devastador. Más allá de la ansiedad de los propios inmigrantes (totalmente inocentes), las empresas que los emplean enfrentarían un costo acumulado de US$ 6,300 millones por concepto de rotación de personal con el cierre de DACA, en un momento en el que miles de puestos de trabajo están vacantes.
El período de sesiones después de las elecciones de mitad de período de la próxima semana puede ser la mejor oportunidad para que el Congreso evite ese escenario. La Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley que protegería de forma permanente a los beneficiarios de DACA de la deportación y les daría una vía de acceso a la ciudadanía.
Un esfuerzo bipartidista en el Senado haría prácticamente lo mismo. Para conseguir el apoyo de suficientes senadores republicanos para superar un bloqueo, los líderes demócratas deberían satisfacer las demandas del Partido Republicano de medidas de seguridad fronteriza más estrictas, incluyendo inversión en mano de obra y tecnología, financiamiento para cerrar algunas brechas en las barreras físicas de la frontera, y una expansión de las políticas que obligan a algunos solicitantes de asilo a permanecer en México.
Si dar a los inscritos en el DACA una vía hacia la ciudadanía resulta demasiado difícil, el Congreso debería al menos extender su autorización de trabajo y las protecciones contra la deportación, un recurso que en el pasado ha obtenido el apoyo bipartidista.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha sugerido que los representantes republicanos se resistirían a un acuerdo de ciudadanía por seguridad si ganan la mayoría. Debería recordar que casi el 75% de los estadounidenses apoyan la concesión de estatus legal a los dreamers, y que deportarlos es extremadamente impopular incluso entre los conservadores acérrimos.
El drama de DACA está entrando en su segunda década, demasiado tiempo para que las familias jóvenes vivan con el temor perpetuo de que su mundo sea trastocado por los tribunales.