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Frente a una creciente crisis en la frontera sur, el presidente Joe Biden se ha comprometido a aumentar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Tiene razón en hacerlo. Pero el dinero por sí solo no será suficiente.
Los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, son algunas de las naciones menos desarrolladas del hemisferio occidental, con tasas de pobreza dos veces más altas que en el resto de Latinoamérica.
El impacto de la pandemia y dos huracanes en el 2020 agravó la miseria de la región, desplazando a cientos de miles de personas y provocando que las economías centroamericanas se contrajeran en un 6%. Los tres países se encuentran entre los lugares más violentos y corruptos del mundo.
Las encuestas muestran que más de 1 de cada 5 ciudadanos dicen que han tenido que pagar sobornos para recibir servicios gubernamentales.
La Administración de Biden ha pedido que se proporcionen US$ 4,000 millones durante cuatro años a los tres países para abordar las “causas fundamentales” de la emigración. Eso es aproximadamente el doble de la cantidad gastada por la Administración de Donald Trump, que en los últimos años redujo la ayuda para castigar a los países por no tomar medidas enérgicas contra la migración.
Estados Unidos tiene interés en responsabilizar a los líderes de la región por el bienestar de sus ciudadanos, pero en medio de las calamidades ambientales y de salud pública, la política de Trump hacia Centroamérica fue cruel y miope. Sabiamente, Biden quiere revertirlo.
Al mismo tiempo, la Administración debe tener claridad sobre lo que puede lograr esta nueva ayuda. Aunque los tres países obtuvieron alrededor de US$ 2,400 millones en asistencia entre el 2013 y 2018, un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno concluyó que “hay información limitada disponible sobre cómo la ayuda de EE.UU. mejoró la prosperidad, la gobernanza y la seguridad en el Triángulo Norte”.
En lugar de depender de burocracias poco transparentes para la administración de los programas de ayuda, EE.UU. debería adoptar un enfoque más específico. Los diplomáticos de la región deben trabajar con grupos de la sociedad civil que promuevan la transparencia pública y el Estado de derecho.
Deben ampliarse las estrategias “basadas en el lugar” que dirigen los recursos a las áreas que producen el mayor número de migrantes. Biden también debería impulsar el apoyo a las comisiones anticorrupción que han expuesto efectivamente casos de malversación y colusión entre funcionarios de Gobierno y el crimen organizado.
Quizás es aún más importante que EE.UU. trate de promover el crecimiento económico en los tres países. La negociación de acuerdos comerciales digitales reduciría los costos operativos para las empresas y estimularía la inversión en el incipiente sector tecnológico de la región.
Vincular el nuevo acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, T-MEC, con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica alentaría a las empresas a reorientar las cadenas de suministro al Triángulo Norte al otorgar a los productos fabricados allí acceso libre de aranceles al mercado estadounidense.
Según una estimación, trasladar solo 5% de la inversión actual en la producción de la cadena de suministro de China a América Central crearía 1 millón de puestos de trabajo en la región.
Los factores que provocan que tantas personas huyan del Triángulo Norte no desaparecerán de la noche a la mañana, pero resolver la crisis fronteriza de EE.UU. requiere que los responsables de la formulación de políticas los aborden.
Una estrategia que mejore la gobernanza y promueva las oportunidades es la que tiene más posibilidades de ayudar a la gente de la región a construir un mejor futuro en casa.