Donald Trump declara la guerra a jueces que bloquean sus decretos

El gobierno de Donald Trump está buscando la forma lidiar con una frustración recurrente: los jueces federales que frenan un decreto presidencial tras otro, incluidos los que abordaban temas inmigratorios y de refugiados en Estados Unidos (EE.UU.).

El gobierno llevó el tema a la Corte Suprema en relación con el veto al ingreso al país de personas de ciertos países y dice que los jueces están emitiendo órdenes que frenan “políticas del gobierno en toda la nación”. 

El Departamento de Justicia sostiene que el máximo tribunal debería “rechazar esa práctica tan equivocada”, que fue usada también para frenar represalias en contra de “ciudades santuario”, un veto a la presencia de personas transgénero en las fuerzas armadas y la suspensión de las protecciones de los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.

El secretario de justicia Jeff Sessions es el principal crítico de esas órdenes. El funcionario dijo el martes que hubo 20 órdenes judiciales de ese tipo en el primer año de gobierno de Donald Trump, “la misma cantidad que en los ochos años de Barack Obama”.

Sessions, no obstante, nunca objetó esa práctica cuando fue senador e incluso elogió una vez a un juez que bloqueó medidas de Barack Obama sobre la inmigración.

La práctica más común es emitir órdenes que afectan solo a los demandantes.

Expertos en derecho atribuyen el aumento en este tipo de órdenes judiciales de alcance nacional a un incremento similar en los decretos presidenciales. En el 2014 Obama intervino para proteger a los inmigrantes con hijos estadounidenses luego de que el Congreso no aprobase una esperada reforma a las leyes de inmigración. Donald Trump, por su parte, quiso imponer unilateralmente restricciones a la admisión de personas de siete países de mayoría musulmana una semana después de haber asumido.

En todo esto hay un trasfondo político. En los años de Obama, dirigentes republicanos y sectores conservadores buscaron jueces con ideas afines, sobre todo en Texas, para cuestionar medidas del gobierno. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, los demócratas y sectores liberales han radicado demandas en sitios con jueces también teóricamente afines, como California, Hawai y Washington.

“Se corre el peligro de politizar la rama judicial”, opinó Amanda Frost, profesora de derecho de la American University, que de todos modos defiende la práctica. “En una rama ejecutiva que a menudo toma medidas unilaterales y abarcadoras, que son implementadas sin previo aviso, es vital poder controlar esa autoridad”.

La prohibición de admisiones de personas de ciertos países es un buen ejemplo, según Frost. “No hubiera servido de nada hacerlo un tribunal a la vez”.

Sessions, por su parte, opinó que “un juez bloqueó a todo el gobierno federal e impidió que cumpliese con su deber”. El año pasado dijo que “un juez sentado en una isla del Pacífico” había impedido la implementación de las restricciones a la admisión de extranjeros.

El propio Donald Trump dijo en una ocasión que su política hacia la admisión de extranjeros había sido frenada por un “así llamado juez”.

Algunos expertos dicen que el gobierno tiene argumentos sólidos para quejarse del accionar de los jueces. “El juez no tiene autoridad para hacer eso”, afirmó Samuel Bray, profesor de leyes de UCLA. “Los jueces deciden casos. Los casos son presentados por alguien y los jueces deben ofrecer remedios a esas personas”.

Samuel Bray sostuvo que el sistema legal estadounidense “está pensado para decidir un caso a la vez”.

Los casos generalmente llegan a la Corte Suprema cuando tribunales inferiores están en desacuerdo en torno a un tema importante y los jueces intervienen para fijar pautas uniformes para toda la nación.

Por ahora nadie ha planteado que se eliminen las atribuciones que tienen los jueces de emitir órdenes de proyección nacional.