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Mientras la Administración Biden y los Gobiernos del mundo celebran otro avance hacia un histórico acuerdo fiscal global, un oscuro tema legal en Estados Unidos amenaza con destrozarlo.
En una audiencia del comité del Congreso el mes pasado, el senador republicano Pat Toomey, quien se opone al acuerdo, le dijo a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que una parte clave del acuerdo fiscal requeriría un tratado formal aprobado por una supermayoría en el Senado.
Esta afirmación de Toomey abre lo que podría convertirse en un debate legal crucial sobre qué es exactamente lo que se requiere del Congreso para que EE.UU. esté alineado con el acuerdo internacional.
Si bien los detalles pueden parecer arcanos, las consecuencias pueden ser enormes. Si Toomey está en lo cierto y se requiere un tratado formal, la Administración necesitará 67 votos en un Senado donde los demócratas actualmente tienen solo 50.
Cumbre de líderes
Está en juego un acuerdo global respaldado por 136 países. En las negociaciones organizadas por la OCDE, los funcionarios dieron otro paso el viernes para resolver detalles clave, y tres países europeos que se resistían se sumaron. Los líderes mundiales esperan dar su sello de aprobación en la cumbre del G20 del 30 al 31 de octubre en Roma.
El pacto prevé lograr dos objetivos principales: establecer una tasa impositiva mínima global del 15% para combatir el traslado de las ganancias corporativas a paraísos fiscales con impuestos bajos, y acordar una fórmula para gravar a las mayores multinacionales basada, en parte, en el lugar donde hacen negocios y no dónde registran las ganancias. Esta medida surge por la naturaleza cada vez más digital del comercio internacional.
Según el acuerdo, el Congreso debe promulgar primero una legislación para modificar las leyes fiscales estadounidenses existentes en dos etapas. Yellen dijo el domingo que confía en que el Congreso aprobará pronto la parte del impuesto mínimo.
Pero no se espera que la otra parte se presente ante el Congreso al menos hasta la próxima primavera. Podría ser relativamente más importante saber si el Senado debe ratificar el acuerdo como un tratado.
¿Qué puede hacer el Congreso?
Oona Hathaway, profesora de la Facultad de Derecho de Yale, dijo que el Congreso puede anular un tratado existente ya sea aprobando un nuevo tratado formal o promulgando una ley posterior “a través del proceso legislativo normal”.
Barbara Angus, líder mundial en política tributaria de la consultora Ernst & Young, dijo que los acuerdos tributarios tradicionalmente han pasado por el proceso de tratados del Senado, pero eso no lo convierte en un requisito. “Ciertamente, puede existir la posibilidad de seguir un camino diferente”, dijo.
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Estado debe proporcionar una recomendación sobre si un acuerdo internacional debe entrar en vigor como tratado o como “un acuerdo internacional diferente a un tratado”. Debe considerar un conjunto específico de factores detallados en el Manual de Relaciones Exteriores del departamento y, en determinadas circunstancias, consultar con el Congreso.
Si EE.UU. no logra participar plenamente, podría arriesgarse a la implementación exitosa del acuerdo fiscal más amplio. Sería difícil que el plan de reasignación de ganancias funcionara sin la participación de EE.UU., hogar de muchas de las multinacionales más grandes.
Por su parte, Gobiernos europeos dijeron que la participación de EE.UU. es necesaria para que acepten un impuesto mínimo global y retiren los gravámenes digitales que EE.UU. ha exigido que se eliminen.