Esta campaña coincidió con una epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos que ha contribuido a la muerte de más de 450,000 personas en las últimas dos décadas. (Foto: Difusión)
Esta campaña coincidió con una epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos que ha contribuido a la muerte de más de 450,000 personas en las últimas dos décadas. (Foto: Difusión)

La consultora McKinsey & Company, una de las mayores del mundo, acordó pagar US$ 573 millones a 47 estados de Estados Unidos para resolver las investigaciones iniciadas en esos territorios contra la compañía por su papel al ayudar a difundir y acelerar la venta de .

Este acuerdo se produce después de que salieran a la luz varios documentos durante estas investigaciones que muestran cómo McKinsey trabajó para impulsar las ventas del analgésico OxyContin de la firma Purdue Pharma.

Esta campaña coincidió con una epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos que ha contribuido a la muerte de más de 450,000 personas en las últimas dos décadas.

Al parecer, el trabajo de McKinsey con Purdue incluyó recomendarle que se concentrara en la venta de píldoras en altas dosis, según muestran los documentos, incluso después de que la farmacéutica se declarara culpable en el 2007 de haber engañado a los médicos y reguladores sobre los riesgos de usar OxyContin.

La consultora también le aconsejó a Purdue que se uniera con otros fabricantes de opioides para evitar un “tratamiento estricto” de estos productos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

“Las tácticas de márketing cínicas y calculadas de McKinsey ayudaron a alimentar la crisis de los opioides ayudando a Purdue Pharma a encontrar a aquellos doctores que sabían que iban a prescribir opioides de más”, señaló en un comunicado Letitia James, la fiscal general de Nueva York, uno de los estados que han cerrado el acuerdo.

“Este es sólo el principio de nuestra lucha para tener justicia para las víctimas y vamos a continuar haciendo todo en nuestro poder para impedir que la industria enganche a más pacientes y cause más daños”, añadió James.

En el pacto, recogido en un documento de una veintena de páginas, la consultora acepta restricciones sobre su trabajo con algunos tipos de narcóticos adictivos y se compromete a facilitar decenas de miles de páginas de documentos relacionados con su trabajo para Purdue y otros fabricantes de opioides, pero no reconocerá “mala praxis” en su manera de operar.

También a investigar la supuesta destrucción de documentos por parte de dos de sus socios a raíz de las investigaciones, a guardar correos electrónicos durante cinco años y a revelar los posibles conflictos de intereses al presentar ofertas para contratos estatales.

Los estados utilizarán las sanciones civiles, de los cuales 478 millones de dólares deben pagarse en un plazo de 60 días, para los programas de tratamiento, prevención y recuperación de opioides.

Será el primer dinero que verán los estados después de que Purdue Pharma acordara en octubre pagar US$ 8,300 millones y se declarara culpable de cargos penales federales por la comercialización de OxyContin.

“Aunque no hay cantidad de dinero que vaya a compensar el dolor por los cientos de miles de muertos, los millones de adictos y las innumerables familias destruidas por la adicción a los opioides, podemos asegurar que los responsables de esta crisis ayuden a financiar la prevención, educación y los programas de tratamiento para evitar que más neoyorquinos y estadounidenses se enganches a los opioides”, señaló la fiscal James.