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Cientos de trabajadores de todo Estados Unidos se están viendo obligados a dejar su empleo después de que sus patrones recibieran las llamadas cartas "no match" y no pudieran demostrar su presencia legal en el país.

El "bombardeo" de misivas o "cartas de no coincidencia", que advierten sobre discrepancias entre los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA, en inglés), el nombre de la persona y los números de seguro social que figuran en el Formulario W-2 de un empleado, ha provocado preocupación entre los empresarios.

Por temor a recibir sanciones federales, los empleadores han optado por hacer una "limpieza" de sus plantillas laborales.

"Estas acciones colocan a los empleadores en una situación alarmante, debido a que dependen de la mano de obra de miles de inmigrantes para que sus negocios continúen funcionando en una época de 'high employment' (alto empleo"), dijo la activista y analista en inmigración Carmen Cornejo.

El dueño de una mueblería en Phoenix, Arizona, quien solicitó el anonimato, recibió dichas cartas recientemente, y ante el temor de ser penalizado por el Gobierno, buscó asesoría legal.

So objetivo, dijo, era proceder con el despido de sus empleados indocumentados de forma digna y apegándose lo más posible a la legislación.

"Nadie quiere meterse en problemas con el Gobierno federal, nada más quería saber cuáles era mis responsabilidades; no los puedes correr abruptamente, primero tienes que darles la oportunidad de comprobar que están trabajando legalmente", dijo el empresario.

En carne propia lo vivió Sofía Andrade, quien trabajaba en una compañía que elabora ensaladas. Andrade narró que su patrón dijo de repente a un grupo que tenían cuatro días para la comprobación de su legalidad en el trabajo y poder conservar el empleo.

"Nos avisaron en una reunión de que tenían un reporte de Inmigración y nos dijo el patrón que le pidieron la lista y el nombre de todos los trabajadores y su seguro social", explica Andrade.

"Cerca de 40 personas tuvimos que dejar nuestros trabajos", comentó la inmigrante, que llevaba seis meses en la compañía.

Ahora, agregó, tiene que trabajar en una fábrica de carpintera con un pago de US$ 11 la hora, bajo condiciones "muy duras" y que considera fuera de la ley.

"El trabajo es muy pesado, el jefe abusa porque a veces trabajamos jornadas de 13 horas al día y no nos las paga completamente, pero me tengo que aguantar, porque no tengo papeles", indicó Andrade.

Durante el presente año, la administración Trump, a través de la SSA, ha estado enviando más de 570,000 "cartas de no coincidencia" a empresas en todo el país, de acuerdo con datos del New York Times.

Cornejo señaló que se ha notado el incremento en estas prácticas gubernamentales, ya que frecuentemente recibe llamadas de trabajadores que piden asesoría por los despidos, que consideran "injustificados".

"No saben exactamente lo que está pasando. Para ellos su prioridad es cumplir con el trabajo, pero tristemente no están cumpliendo con las leyes al ser indocumentados, explicó la activista.

Cornejo mencionó que estas cartas están causando ansiedad a las empresas, principalmente a las de hostelería, agricultura y la construcción, sectores que se han visto más afectados por estas medidas impulsadas por el Gobierno.

"La verdad es que nadie quiere meterse en problemas con el Gobierno federal, aunque sean buenos empleados tienen que corroborar su información y al final la mayoría se va por voluntad propia", sostuvo.

Cornejo detalló además que las razones de las discrepancias de dichas cartas pueden ser por cambios en los nombres conyugales y errores tipográficos en los formularios, pero que actualmente se están utilizando para escudriñar el estatus migratorio del trabajador.

La SSA suspendió el envío de estas cartas a las compañías en el 2012, pero la Casa Blanca reanudó esta práctica en marzo pasado.

Los críticos dicen que la reactivación de las cartas es parte de la línea más dura de la actual Administración republicana y de sus políticas de inmigración.

"Esto es totalmente planificado, las acciones por parte del Gobierno, son deliberadas y van en aumento. No solo están haciendo su trabajo habitual, sino que el Gobierno está exigiendo un incremento en el número de casos", matizó Cornejo.